Desde 2018, la subsecretaria general de Naciones Unidas y directora de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, aseguró que tras el movimiento #MeToo, se rompió la impunidad que había permitido que los perpetradores de la violencia contra las mujeres fueran reincidentes porque no les pasaba nada, hasta que llegó la denuncia de las mujeres con alta visibilidad y rompieron el silencio.
Hay tres ejes claves para entender el movimiento:
Cómo identificar cuándo se trata de acoso
Condiciones de vida de las víctimas que las han obligado al silencio durante tanto tiempo y ahora, al anonimato.
Los derechos de las víctimas
¿Cuándo se trata de acoso? Y aquí el consentimiento es clave, si no hay consentimiento para cualquier tipo de insinuación sexual es acoso porque el límite frente al cuerpo de las mujeres lo ponemos las mujeres, nosotras decidimos sobre nuestra sexualidad y esa decisión se lee como una imposición violenta en una sociedad construida a partir de la sumisión de las mujeres y el uso de sus cuerpos para el placer masculino.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (art. 10 de la violencia laboral y docente) señala la diferencia entre el hostigamiento sexual donde existe ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor; y el acoso sexual como una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima.
Sobre la violencia sexual que viven las periodistas en los medios de comunicación, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, realizó el informe “Mujeres periodistas y libertad de expresión”, donde reconoce que “la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento”.
Es decir que los agresores aprovechan su posición para acosar, identificando que la víctima no podrá denunciarlo. Y aquí se cruza con las condiciones de vida de las víctimas.
Para el caso de las periodistas que denunciaron en el #MeTooPeriodistasMexicanos y las que aún no lo hacen, el colectivo de Periodistas Unidas Mexicanas (PUM), el pasado 24 de marzo la etiqueta #MeTooPeriodistasMexicanos para abrir un espacio de denuncia anónima en la red social Twitter.
Como parte de su trabajo realizaron un sondeo en el encontraron que 73 por ciento de las mujeres señalaron que han vivido alguna situación de acoso, hostigamiento o agresión sexual en el ejercicio de su trabajo, tanto fuera como dentro de las redacciones; 76 por ciento de las mujeres aseguró que en sus empresas no existe ningún tipo de campaña, curso o acción para sensibilizar al personal sobre hostigamiento y acoso sexual y 56 por ciento indicó que en sus medios no existen mecanismos o protocolos especializados para presentar quejas por este tipo de casos.
Desde 2008 CIMAC alertaba que entre las dificultades que enfrentan las mujeres periodistas en las redacciones están “el acoso sexual, las prácticas de trabajo que obligan a las mujeres a asumir rutinas creadas para los hombres (en términos de fuentes, espacios y horarios), la desigualdad que el reconocimiento y la remuneración económica del trabajo realizado por las mujeres recibe y el techo de cristal, objetivado en la experiencia de las mujeres que logran un progreso notable para colocarse en la industria, pero que nunca alcanzan las posiciones de dirección y decisión”.
La encuesta sobre condiciones laborales de las y los periodistas en México señalaba que “para quienes ejercen el periodismo, las intimidaciones, agresiones y el acoso sexual, en el caso de las mujeres, no se registran como riesgos de trabajo.”
En 2015, volvimos a realizar la encuesta y, a pesar de haber pasado más de un lustro, no había avances ni mejoras en las condiciones laborales de las periodistas: la discriminación por sexo y el hostigamiento y acoso son las principales expresiones de la violencia laboral.
De acuerdo con los datos recabados por CIMAC al entrevistar a periodistas de las 32 entidades federativas: del total de las y los periodistas encuestados, 78 de cada 100 reportó que no es igualitario el trato que hay entre mujeres y hombres, y consideraron que en su ambiente de trabajo existe discriminación, obstáculos y/o desventajas laborales; a lo que se suma que la mayoría de las periodistas se siente y/o son discriminadas, frenadas en su desarrollo por el simple hecho de ser mujeres.
Las “insinuaciones de contenido sexual”, se registraron en 6.3 por ciento y el acoso sexual en 10.8 pro ciento.
Las dos fuentes de hostigamiento –identificadas por las y los periodistas– son básicamente los mandos superiores y las fuentes informativas, con una participación porcentual de 47.0 y 25.9 puntos, respectivamente. La violencia proveniente de los compañeros de trabajo alcanza 17.8 por ciento, también es bastante alta.
La falta de condiciones de seguridad laboral, de protocolos de denuncia e incluso miedo a represalias o perder el empleo al denunciar, además de la estigmatización social, entre otras razones, mantuvieron acalladas esos ataques durante muchos años
La denuncia de manera anónima fue una ruta para frenar el acoso frente a criminalización.
Seamos sinceras ¿quién está dispuesto a denunciar frente a las autoridades? pasar todo un día en un Ministerio Público, frente a un hombre insensible a las violencias machistas que obligarán a la víctima a contar la historia una y otra vez mientras se le cuestiona si no dio señales al agresor o si no estará exagerando, es decir desalentando la denuncia. Es decir, si de por si es difícil denunciar, en el sistema de justicia de este país es mucho más complejo. Y sucede en todos los delitos, ¿cuántos robos de cartera se denuncian, por qué no se hace? ¿por qué esperan que las mujeres lo hagamos ante un hecho que sucede en nuestro cuerpo cuando no se hace cuando sucede en un objeto? La revictimización no es el camino.
Ahora bien, la denuncia es una decisión que solo la víctima puede tomar. Cynthia Galicia, doctora en derecho experta en temas de violencia contra las mujeres ha clarificado “el dicho de una víctima en términos del Artículo 5, de la Ley de Victimas, se presume la “Buena fe- y no deberán criminalizarse o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos, los derechos de la víctima no están supeditados a la presentación de una denuncia, no es la denuncia penal lo que les da la calidad de víctimas sino su dicho.”
Estefanía Vela, otra abogada feminista experta ha ayudado a entender el acoso sexual, para ella “el acoso florece ahí donde hay desigualdad, donde hay inseguridad laboral”.
Vela señala que “si se despide a un jefe por acoso, pero no se revisan los mecanismos institucionales que favorecen el acoso, la historia se repetirá, es decir que, si queremos combatir el acoso, el foco tiene que estar en los centros de trabajo y no solo en las personas que acosan. Si los centros de trabajo siguen operando de la misma manera, vamos a seguir teniendo el mismo problema.
Y da rutas para la atención: el foco tiene que estar en la reparación integral del daño. En garantizar medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición. El despido puede ser una de estas medidas, pero no debe ser la única.
El relator de la CIDH entre sus recomendaciones exhorta a los medios de comunicación a “establecer políticas internas con disposiciones específicas en materia de violencia y discriminación basada en género, con énfasis en el acoso laboral y sexual, que incluyan procedimientos internos y mecanismos independientes de denuncia y rendición de cuentas.” Políticas que deben involucrar la participación activa de las mujeres que se desempeñan en cada una de las empresas.
Nos cuesta mucho escuchar a las víctimas, apenas estamos entendiendo el proceso tan complejo que viven, aún nos sabemos cómo reaccionar, pero vamos construyendo escucha- empatía…
