Al comparecer ante el Senado, el secretario de Comunicación y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, afirmó que en la cancelación del proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no se encontró ningún hecho probable de corrupción.

No se tomó a pie de ninguna manera en consideración, a un hecho probable de corrupción o de mal uso de los recursos; se tomó la decisión en función de lo que ustedes advirtieron que pasó y de las decisiones de carácter técnico y de las condiciones de carácter técnico que encontramos”, precisó.

Cuestionado por los legisladores sobre el costo-beneficio de la interrupción de ese proyecto, Jiménez Espriú explicó que la cancelación del proyecto del NAIM sólo fue una decisión de carácter técnico por la inviabilidad del “excesivo costo” económico y ambiental de esa obra.

Dijo que hasta el inicio de la actual administración, se estimaba que el proyecto a terminar hasta el año 2024, pero su costo se elevaría por encima de los 300 mil millones de pesos, sin tener un proyecto de costo final.

Señores, aquello era un pozo sin fondo, hubiese sido un verdadero desastre, un elefante blanco, en donde hubiéramos hablado de una deuda enorme del país en un aeropuerto que nunca iba a funcionar”, afirmó el titular de la SCT.

Javier Jiménez Espriú dijo que se tomó la mejor decisión, aunque reconoció que el costo de indemnización por la cancelación del NAIM se elevará a 59 mil millones de pesos, y no a 100 mil millones como se había señalado.

Precisó que el nuevo sistema aeroportuario integrado por la Base de Santa Lucía, el aeropuerto de Toluca y el de la Ciudad de México cubrirá la demanda de 70 millones de usuarios al año.

Respecto a la venta del avión presidencial, el funcionario federal explicó que el objetivo no era obtener recursos y ante los cuestionamientos de los senadores abundó que “no vamos a recuperar dinero, vamos a dejar de pagar”.

Acerca de las nuevas obras de infraestructura de la actual administración, el secretario de Comunicaciones y Transportes, “no habrá constructoras favoritas” y se transparentarán totalmente los proyectos.

En específico sobre el Proyecto del Tren Maya, expresó que “ya está resuelgo el tema ambiental de la mitad de la obra”, desde Escárcega, hasta Mérida y Valladolid en la Península de Yucatán.