Las autoridades de México, especialmente el Ejército y la Marina, usan de forma generalizada la tortura contra los detenidos, y los abusos podrían empeorar con el nuevo cuerpo de la Guardia Nacional, denunciaron hoy representantes de ONG mexicanas en la sede europea de la ONU en Ginebra.
“Lo que hace la creación de la Guardia Nacional es institucionalizar la militarización de la seguridad pública”, dijo a Efe Olga Arnáiz, coordinadora de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, que ha presentado un informe sobre la situación de México ante el Comité contra la Tortura de la ONU.
“Las personas que van a ser parte de la Guardia Nacional son militares que tienen un entrenamiento militar y por lo tanto han sido formados para tareas que no son de seguridad pública, y esto nos preocupa, porque los niveles de tortura pueden seguir aumentando en conjunto”, subrayó.
El informe, suscrito por un centenar de organizaciones de la sociedad civil mexicana, formará parte del examen periódico al que será sometido el Gobierno de México por parte del Comité contra la Tortura esta y la próxima semanas en Ginebra.
En él se denuncian múltiples abusos cometidos por el Estado mexicano entre 2012 y 2019.
En contra de lo que algunos perciben desde el exterior, la tortura “no sólo es cometida por el crimen organizado, sino también por agentes del Estado”, señaló Arnáiz.
El documento denuncia que un 86 % de los detenidos por el Ejército que fueron encuestados por los autores del informe dijeron haber sido torturados, y un 41 % de las mujeres detenidas por la Marina dijeron haber sido víctimas de violación.
También lamenta la impunidad de esos abusos de los derechos humanos, ya que de 8.335 investigaciones abiertas desde 2015 la Fiscalía mexicana sólo ha presentado cargos en 17 casos.
Las cifras reales podrían ser incluso mayores, ya que en palabras de Arnáiz “la mayoría de las víctimas tienen miedo a denunciar, porque las autoridades encargadas de investigar las torturas son las mismas que torturan en la mayoría de las ocasiones”, por lo que temen represalias “tanto contra ellos como contra sus familias”.
Los abusos, según Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, son “una consecuencia de la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006”, que conllevó un amplio despliegue en el país de las Fuerzas Armadas.
La tortura se convirtió “en un método de investigación pero también de castigo”, afirmó Guzmán, cuya organización es una de las veinte que va a asistir al examen periódico.
La delegación oficial del Gobierno mexicano estará encabezada por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, y por la subprocuradora de derechos humanos, Sara Irene Herrerías.
