El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” considera que la privación ilegal de la libertad de uno de sus integrantes, es un acto de represión a las labores de defensa que realiza, particularmente, en la entidad que gobierna Alfredo Del Mazo Maza, por ello, solicita al gobierno federal, de manera particular al presidente Andrés Manuel López Obrador, su intervención inmediata a fin de garantizar la integridad y la vida a cada uno de sus integrantes.

Es prudente señalar que, quienes integran el “Zeferino Ladrillero” han participado en la defensa de la tierra de los habitantes de Texcoco sobre la intención de construir un aeropuerto internacional; ahora lo hace, al proteger el derecho humano al agua de los pobladores que habitan en los alrededores de la zona militar de Santa Lucía.

Además, durante años atrás, los defensores han acompañado casos de relevancia nacional, e incluso internacional, como la liberación de seis indígenas nahuas que fueran sentenciados a más de 50 años por defender el agua que emana del Nevado de Toluca en la comunidad de San Pedro Tlanixco; sentencia que fue revertida una vez que se evidenció graves violaciones al debido proceso, proceso donde participaron relatoras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por estos motivos y más, consideramos que, la privación ilegal de la libertad del coordinador jurídico de la región del oriente del Valle de México para el “Zeferino Ladrillero», el abogado José Antonio Núñez, se trata de un acto de intimidación que ejercieron “servidores públicos” mexiquenses en el municipio de Ixtapaluca, acción por la que este Centro ya trabaja para presentar a la brevedad una denuncia penal.

La privación ilegal de la libertad, que se consumó hasta hace unas horas de este jueves, hace pensar que hay alguna consigna del gobierno mexiquense, toda vez que nuestro compañero recibió amenazas de muerte de aquellos “servidores públicos” que lo mantuvieron, por horas, en calidad vulnerable e incomunicado.

Este Centro de Derechos Humanos rechaza de manera categórica el uso de la violencia, mayormente cuando lo hacen funcionarios del gobierno mexiquense, más cuando los integrantes de la sociedad —incluidos los defensores y la actividad de los periodistas– se encuentran en calidad de alta vulnerabilidad en la entidad del país donde más inseguridad y delitos se cometen.

Aun así, quienes integramos el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” estamos convencidos en actuar como un verdadero defensor del pueblo afín de reducir y, en algún momento, evitar los atropellos a las garantías individuales en el país, particularmente en la entidad mexiquense.

Anunciamos que hemos establecido comunicación con organizaciones de carácter internacional para que acompañen la labor de este Organismo No Gubernamental (ONG) y agreguen a trazar un mecanismo efectivo para evitar atropellos como el que nuestro compañero José Antonio Núñez recibió en su contra desde el pasado miércoles cuando acudía a rescatar de policías mexiquenses a un defensor que tomaba fotografías a una presunta tala ilegal que, era vigilada por los “supuestos” guardianes del orden.