El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue vinculado a proceso por un juez de control, quien le dictó además dos años de prisión preventiva justificada, en tanto concluye el juicio y se dicta sentencia por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, dentro de la carpeta de investigación del caso de la transportadora aérea VipSaesa, el primero de tres expedientes que se le siguen en el ámbito local.

La resolución del juez se dictó esta madrugada, luego de una maratónica audiencia, realizada ante un juez de control en Chetumal, capital del estado, la cual se realizó vía teleconferencia, desde la prisión de Morelos, a las 14:00 horas de ayer lunes y concluyó pasadas las 3 de la mañana de hoy martes.

La defensa de Borge, encabezada por el abogado Guillermo Barradas y apoyada por tres litigantes más, tenía la opción de solicitar la ampliación del término constitucional para que se decidiera su situación legal, pero optó -por orden del ex mandatario que así lo exigió- de renunciar a dicha alternativa, a fin de que la deliberación se tomase en esta audiencia, razón por la cual ésta se prolongó durante más de 12 horas, con dos recesos; uno de ellos, solicitado por el ex gobernador, para revisión médica.

“El reporte que me pasaron los fiscales que estuvieron en la audiencia, es que el imputado solicitó que todo termine ya, que prescribiera todo hoy y ya estuvo, que lo dejaran libre. Él, todavía prepotente”, narró la titular de la Fiscalía Especial Anticorrupción del estado, Rosaura Villanueva Arzápalo, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Los alegatos de Borge, quien lucía delgado y altivo, conforme a la descripción hecha por los fiscales, se centraron en que el delito contenido en la carpeta 151/ 2017, por el caso VIPSaesa, había prescrito, que las imputaciones hechas no se encontraban dentro de la petición de extradición hecha al gobierno de Panamá y que el ex mandatario era inocente.

“Querían hacer valer la prescripción del ejercicio de la acción penal, pues en algunos imputados la autoridad federal ha determinado la prescripción y en otros no; nosotros debatimos que de acuerdo con el artículo 162 de la Constitución local, vigente en esa fecha, hasta septiembre de 2017, establecía que el gobernador sólo se podía acusar por traición a la patria y delitos graves del orden común durante el tiempo de su cargo; él concluyó su encargo en septiembre de 2016.

“Fue a partir de esa fecha que empezó a correr el cómputo de la prescripción, la cual se interrumpió a la presentación de la denuncia y de la orden de aprehensión y se tenía un plazo de tres años para lograr la aprehensión con fecha límite hasta junio de 2020; entonces hicimos valer ante el juez que no ha preescrito el ejercicio de la acción penal”, explicó.

La funcionaria explicó que la audiencia de formulación de imputación de delito se desarrolló en ordenamiento a un amparo interpuesto por la defensa de Borge Angulo, para evadir comparecer ante un juez en Chetumal, presencialmente; sin embargo, se determinó hacerlo a través de video conferencia, en tiempo real.

Originalmente esta audiencia se había fijado para el mes de febrero pasado, pero se reprogramó; es la primera del orden local.

Existen otras dos órdenes de aprehensión en contra de Borge, detenido el 5 de junio de 2017, en un aeropuerto de Panamá. Son del orden local, por los delitos de peculado y desempeño irregular de la función pública, independientes del caso que se le sigue por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en el orden federal.