Una mesa de trabajo con colectivos de familiares de personas desaparecidas para construir en conjunto una ley en la materia fue realizada en la LX Legislatura consecuencia de la alarmante desaparición de personas en la entidad, que se mantiene con más de 6 mil 400 ausentes en territorio mexiquense.

La iniciativa de Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que fue presentada el 21 de marzo pese a la gravedad del fenómeno, hasta el año pasado no se había legislado en el tema y los recursos canalizados a la búsqueda de personas fueron simbólicos, así lo señaló la diputada de Morena, Karina Labastida Sotelo.

En 2018, del presupuesto federal de más de 15 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), al tema de las desapariciones de personas se canalizó el 1.5 por ciento, unos 261 mil pesos.

Y para el acceso de las mujeres a la justicia, incluidos homicidios dolosos y feminicidios, donde la entidad registra elevadas cifras, se destinó tan sólo el 4 por ciento, con 643 mil pesos.

Labastida detalló que el gobierno federal anunció ya un presupuesto de 400 millones para las acciones de búsqueda de personas en el país, y que más de 200 millones serán distribuidos en las entidades, pero aún se desconoce el monto que se destinará al Estado de México.

Al inaugurar la mesa de trabajo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, destacó que la 60 Legislatura está enfocada en atender el grave flagelo de la desaparición forzada, con la creación de una ley, escuchando las dolorosas experiencias y demandas de los colectivos de familiares.

“Tenemos un dato alarmante, en el 2012, había un registro de 911 desapariciones, para el 2018 son más 5 mil 800 casos, es decir un incremento de 645 por ciento en seis años; es alarmante, y nos obliga a dar la respuesta que esta realidad nos impone, y transformarla”, indicó el líder de la bancada de Morena.

Laura Curiel, lleva cuatro años buscando a su hija Daniela Mabel Sánchez Curiel, que desapareció tras salir del domicilio donde habitaba con su pareja, y no cuenta con líneas claras de investigación ni avances en el caso.

La integrante del Colectivo Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestras Desaparecidas, dijo que contar con una ley en la materia representa una esperanza de encontrar a sus seres queridos y para que las autoridades visibilicen su dolor.

“Es un gran avance que buscamos durante años, que alguien volteara a vernos, que nos escucharan y dieran esperanza de encontrar a nuestras familias con una ley que los obligara”, apuntó la vecina de Tlalnepantla.

Azucena Cisneros destacó que el encuentro con familiares de víctimas permite construir un nuevo paradigma en materia de desaparición, en una entidad caracterizada por omisiones para atenderlas, pese a que creció cinco veces en presupuesto, pero el fenómeno se convirtió en emergencia humanitaria, por lo que es indispensable etiquetar recursos.

El director general de Estrategia para la Atención a los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que no será fácil ni rápido avanzar en la búsqueda de desaparecidos y en la identificación de miles de restos encontrados en fosas, pues tienen un rezago de 40 años.

El funcionario federal reiteró que son fundamentales los esquemas de coordinación con entidades federativas y municipios, y garantizar la participación activa de las víctimas en las acciones de búsqueda, exhumación y procesos de investigación judicial, además de crear el Sistema Único de Información Nacional y contar con bancos de datos genéticos.

En el encuentro estuvieron presentes los colectivos Red Eslabones por los Derechos Humanos, Colectivo Deudos y Defensores por la dignidad de Nuestros Desaparecidos, Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C, Colectivo Feminista Ehécatl, Colectivo Independiente, Colectivo Uniendo Esperanzas, Red de Madres Buscando a sus Hijos, Colectivo Vivas Nos queremos “Neza”, Colectivo Uniendo Esperanzas.

También intervino Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos del Edomex; Alejandro Corona, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, Fiscal especial para la Atención de Delitos vinculados a la Violencia de Género; y representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y de las comisiones estatales de Atención a Víctimas, y de Búsqueda de Personas, y del Comité Internacional de la Cruz Roja.