El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) trabaja en la construcción de un padrón de víctimas indirectas por los crímenes de feminicidio que permitirá identificar con claridad a las niñas y niños en condición de orfandad por el asesinato de sus madres y brindarles protección a sus derechos.
El número de víctimas secundarias por los crímenes de feminicidio en México es desconocido, la directora de general para una Vida Libre de Violencia del Inmujeres, Fabiola Analís Sámano, adelantó que sólo en los últimos ocho meses estiman unas 3 mil 400 niñas y niños en condición de orfandad.
Lo certero es que cada vez que una mujer es asesinada, lo que sucede nueve veces diariamente en nuestro país según Naciones Unidas, existe la posibilidad que niñas, niños y adolescentes queden en orfandad, así como un número equivalente de abuelas o tías quienes asumen repentinamente la responsabilidad de su crianza.
Desde 2017 Cimacnoticias realizó una investigación para conocer la situación de la niñez que se encuentra en esta situación debido a que sus madres fueron asesinadas y lo que se encontró en ese entonces y que se documentó en el texto Hijas e hijos de mujeres asesinadas, víctimas ignoradas del feminicidio es que no había un censo de la niñez como tampoco políticas públicas para atenderla.
Los datos eran escasos, apenas la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función inició en octubre de 2015, conocía de un caso de orfandad por feminicidio hasta febrero de 2017, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en tres años de operación de 2014 a febrero de 2017, había registrado 65 casos.
A pesar de que existe un marco legal que los ampara, la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación inmediata con la víctima directa son víctimas indirectas y por lo tanto pueden recibir ayuda provisional del Estado, apenas comienza a llegar a cuentagotas la ayuda a la niñez y adolescencia en situación de orfandad.
Después de la investigación de Cimacnoticias instituciones como las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas y los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia locales han emprendido programas de apoyos económicos, como ocurre actualmente en Jalisco, Chihuahua, Coahuila y el Estado de México, por mencionar algunos estados.
No obstante estos apoyos hay otros derechos que deben ser garantizados como a la educación, a la salud, a la vivienda y garantizarles el derecho a recibir apoyo psicológico, social y jurídico.
Este último recurso porque otra lucha que en paralelo llevan las familias de víctimas de feminicidio es lograr obtener la custodia de la niñez y adolescencia. En casos de feminicidio en relaciones de pareja, la niñez además de ser muchas veces testigos de la violencia se queda en custodia de la familia del feminicida, que es su padre o padrastro, o de él mismo cuando no se le investiga y se le deja en la impunidad.
Por ello en busca de resarcir los impactos sociales que causa el feminicidio en el “Plan Emergente para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y Niñas en México” de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se contempla la necesidad de crear un registro sobre la orfandad por los asesinatos de mujeres por razón de género.
Para identificar claramente a esta población que como documentó esta agencia, ha permanecido invisible, el Inmujeres anunció que se encuentra recopilando información de las 32 fiscalías de justicia, la Comisión de Atención a Víctimas, Institutos estatales de las Mujeres y del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
De acuerdo con información que compartió el Instituto a Cimacnoticias, una vez que se cuente con este censo –que podría quedar el próximo año- se construirá una ruta para brindarle a la niñez protección a sus Derechos Humanos.
El Inmujeres, quien encabeza el Plan Emergente, ya comenzó a instalar mesas de trabajo en cada entidad federativa para que las fiscalías estatales retomen casos de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres, ocurridos de diciembre 2018 a abril 2019, y les den solución.
Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sentencia contra México por el feminicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, caso conocido como “Campo Algodonero”, indicó que el Estado debe reconocer también como víctimas a hijas e hijos de mujeres contra las que se cometió un asesinato por razón de género.
