La Función Pública (SFP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intercambiarán información para investigar a funcionarios, contratistas y proveedores para detectar posibles actos de corrupción.

La jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, explicó que ambas dependencias intercambiarán y consultarán información, incluso aquella que se tenga amparada bajo el secreto fiscal, ante lo cual firmaron un acuerdo de colaboración.

“Esta es una puerta que nos ha abierto directamente la propia constitución”, dijo la funcionaria.

Según la jefa del SAT, las acciones derivadas del convenio permiten mejorar la gestión pública y exigir una mayor rendición de cuentas en el actuar de los servidores públicos y de que las personas hagan uso de los recursos de manera adecuada.

“El intercambio de información entre ambas dependencias se hará con apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; la Ley de Obras Públicas”, dijo.

Así, la SFP contará con información genuina que le permita confirmar de manera inmediata la veracidad de la información de los contribuyentes, dentro de las investigaciones tendientes a sancionar actos en contra de las disposiciones legales que cometan los servidores públicos, contratistas y proveedores del gobierno.

“Con esta información se comprobará que los contribuyentes que contraten con la administración pública federal cumplan con sus obligaciones fiscales de manera proporcional y equitativa.

Los datos que el SAT comparta con la SFP serán recibidos únicamente por las autoridades investigadoras competentes. Hemos cuidado mucho el marco jurídico del convenio”, dijo.

A la par, explicó que el SAT va a poder recibir las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y otro tipo de información valiosa para determinar si un contribuyente está declarando de manera congruente a lo que declara en el SAT, así como información de la plataforma Compranet de los proveedores de la administración pública federal.

“Se tiene la posibilidad de identificar si existe falsificación de las opiniones que emite el SAT respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales”, explicó.

También se desarrollarán modelos de riesgo para identificar empresas facturadoras de operaciones simuladas y empresas que deduzcan operaciones simuladas.

Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que con el convenio se busca profundizar su colaboración para cerrar espacios a la corrupción, al compartir información para fortalecer el cumplimiento de la ley.

La funcionaria dijo que forma conservadora, se estima que en México se lavan de 20 a 30 mil millones de dólares al año, delito que implica una pérdida de recursos financieros para el país.

“Estamos decididos a combatirlo con inteligencia y honestidad”, añadió.

Ambas funcionarias no dieron detalles sobre funcionarios, proveedores y contratistas involucrados en posibles actos de corrupción o evasión de impuestos ni cifras estimadas por estos delitos en lo que va de la administración.