Diputados locales de Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social Hidalgo (PES) presentaron una iniciativa para crear la ley de austeridad y ahorro, la cual busca terminar con la adquisición de autos de lujo y contratación de escoltas a cargo del erario, lo que va en contra de las medidas y disposiciones implementadas por el ejecutivo estatal.
Sólo para 2019 el gobierno de Omar Fayad Meneses costea 110 escoltas, cuyas claves salariales son 103 en rango 9D, 5 en 10ª y 2 en 8B1, por los que erogaría un total anual de 24 millones 727 mil 065 pesos.
Además, fuentes de Gobierno del Estado estiman otros 22.5 millones de pesos por al menos 30 vehículos marca KIA, de máximo lujo, cuyo costo conjunto alcanzaría los 47 millones 227 mil 065 pesos anuales.
En sesión de ayer, el diputado Antonio Hernández Vera explicó que el gasto de los recursos públicos debe ejercerse de forma más eficiente y responsable en el estado, pues, de acuerdo con el Índice de Información de Ejercicio del Gasto 2018, Hidalgo ocupa los últimos lugares en cumplimiento.
Por ello, a nombre de la bancada de Morena, la panista Areli Maya, el aliancista Marcelino Carbajal y el pesista Crisóforo Rodríguez, propuso crear la ley de austeridad y ahorro del estado para que las dependencias, entidades y organismos establezcan mecanismos de austeridad, racionalidad, optimización y ahorro en su ejercicio del gasto.
De acuerdo con la propuesta, los servidores públicos tendrían que acceder al sistema público de seguridad social, por lo que queda prohibido cubrir con recursos públicos la contratación de seguros privados, así como la contratación de servicios de escoltas, choferes u otros con cargo al erario.
También prohibirían la compra de vehículos de lujo para las labores de las dependencias, entidades y organismos, y los viajes serían realizados en tarifas de clase económica, por lo que no estaría permitida la adquisición de boletos de primera clase o equivalente y hospedaje de ese tipo.
Además, los servidores públicos deberán reducir gastos de servicio de café, comida, telefonía celular, papelería, combustible, fotocopiado y estaría prohibida la remodelación de oficinas públicas por motivos estéticos, así como adquirir mobiliario de lujo.
Según la iniciativa, el órgano encargado del control interno sería quien vigile que las dependencias, organismos, demás entes y poderes que integran la administración pública estatal se guíen bajo las disposiciones de la ley; en caso de incumplimiento, la autoridad competente deberá iniciar el procedimiento correspondiente.
Los recursos obtenidos a través de las políticas de austeridad y ahorro serían destinados a la consecución de programas y proyectos de inversión en los municipios. La propuesta de los 20 diputados fue enviada para su análisis a la comisión de legislación y puntos constitucionales; en caso de ser aprobada, entraría en vigor una vez que sea publicada.
Los recursos obtenidos a través de las políticas de austeridad y ahorro serían destinados a la consecución de programas y proyectos de inversión en los municipios.