Durante 2018, en el mundo fueron asesinadas 17 mujeres defensoras del medio ambiente; dos de ellas eran mexicanas: Guadalupe Campanur Tapia y Janeth González López.
El informe “¿Enemigos del Estado?”, de la organización Global Witness, revela que, en general, de enero a diciembre del año 2018 se registraron 164 asesinatos de personas defensores del medio ambiente.
El documento destaca que Filipinas es el lugar más letal para las personas defensoras. Este país ocupa el primer lugar con 30 asesinatos, de los cuales 6 fueron cometidos contra mujeres.
A éste le sigue Colombia, con tres mujeres asesinadas; después México, Ucrania e India, con dos asesinatos cometidos contra mujeres respectivamente; finalmente, Guatemala y Gambia, con un asesinato perpetrado en cada país.
Sin embargo, Global Witness destaca que los datos no ofrecen una verdadera dimensión de esta problemática, ya que en muchos países no hay monitoreo ni documentación de las violaciones contra personas defensoras.
EL CASO MEXICANO
En enero de 2018 María Guadalupe Campanur Tapia fue desparecida y posteriormente, el 16 de ese mes, fue encontrada sin vida, en el municipio de Chilchota, en el estado de Michoacán. Ella era comunera de Cherán, el municipio michoacano que creó su propio sistema de gobierno para proteger su bosque.
El 26 de marzo del mismo año, en el municipio de Putla, Villa de Guerrero, en el estado Oaxaca, fue asesinada Janeth González López, quien era integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), colectivo defensor del derecho al territorio y de las comunidades indígenas.
Al respecto, la abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Alejandra Leyva, destacó como urgente la necesidad de ratificar el acuerdo Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que protege los derechos de las y los defensores ambientales.
Durante una conferencia de prensa realizada este día en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) en el marco de la presentación del informe “¿Enemigos del Estado?”, la abogada del CEMDA destacó que dicho acuerdo fue firmado por México el 27 de septiembre de 2018 y es necesario retomarlo en este momento.
“Es urgente acelerar el proceso de aprobación y ratificación del acuerdo Escazú, el cual presenta obligaciones a los estados para que cualquier persona pueda defender el medio ambiente y esto no sea una condena de muerte”, destacó.
Finalmente, hizo un llamado para que la Secretaría de Gobernación (Segob) implemente una política en materia de prevención, así como medidas de atención que considere las causas de violencia.
La abogada concluyó con la necesidad de dejar atrás los mensajes de estigmatización contra las personas defensoras y la obligación del Estado mexicano de regular la actividad empresarial, pues en ocasiones son quienes agreden a las personas activistas aun cuando también tienen obligaciones en materia de Derechos Humanos.
CRIMINALIZACIÓN, PRÁCTICA CONSTANTE
En marzo de 2018, el gobierno de Filipinas clasificó a Victoria Tauli-Corpuz como terrorista. Esto fue en represalia por hablar de las violaciones a los derechos indígenas en su país de origen.
La defensora vivió amenazada durante meses y en desplazamiento, sin poder regresar a casa de forma segura. Aunque ya fue eliminada de la lista de terroristas, hay funcionarios de gobierno que continúan lanzando falsas acusaciones en su contra.
Casos como el de Victoria Tauli-Corpuz ocurren en todo momento. Esto, según el informe, porque uno de los mecanismos de los gobiernos y empresas para acallar la voz de las personas defensoras es manchando su reputación e inmovilizar su trabajo con juicios legales.
De acuerdo con Global Witness, la criminalización es otra forma de violentar a personas defensoras y sus familias, una práctica de intimidación utilizada por las autoridades que deberían proteger los Derechos Humanos.
Esta práctica tiene diversas etapas, comienza con las campañas de desprestigio, cuando se acusa a las y los defensores de ser integrantes de pandillas, guerrilleras, terroristas o una amenaza a la seguridad nacional.
La segunda etapa son las órdenes de captura contra personas defensoras, dichas órdenes se emiten de forma reiterada, por más que la evidencia de que cometieron algún delito sea escasa o no se haya corroborado.
Posteriormente llegan los procesos judiciales, que son irregulares y suelen incluir prisión preventiva, misma que puede durar varios años. Sumado a esto, en raras ocasiones las personas defensoras pueden pagar asesoría legal o tener traductores si no hablan la lengua oficial.
Como última etapa de esta práctica de esta violencia, indica el informe, está la criminalización masiva, que ocurre cuando organizaciones defensoras son víctimas de vigilancia ilegal, allanamientos y hackeos, o requisitos de inscripción y controles sobre el financiamiento que reciben, lo cual las debilita.
Ante esta violencia que viven las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, Global Witness recomendó a los gobiernos combatir las causas estructurales que la generan, así como apoyar y proteger a las y los defensores.
“Se deben fortalecer los poderes judiciales para que sean inmunes a la influencia indebida de empresas e individuos adinerados. También será necesario reforzar las libertades civiles y la libertad de expresión para que esas mismas empresas e individuos no puedan usar el sistema judicial de manera creativa para silenciar a la oposición”, se lee en el informe.
Se añade que instituciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también tienen un papel que desempeñar. “Necesitan trabajar duro para contrarrestar el cierre de espacios cívicos a nivel internacional, exigiendo estándares universales, ayudando a los Estados para que los cumplan y condenando públicamente a los Estados que se desvían de las buenas prácticas.
También, indicó la organización, deberían apoyar financiera y legalmente a las personas defensoras víctimas de leyes destinadas a silenciarlas, para que puedan protegerse contra los desafíos legales y continuar su importante trabajo”.
