Las desapariciones de niñas y mujeres en el país no son un fenómeno reciente; tampoco en la Ciudad de México. Si desde los años 90 este delito aumentó en entidades como Chihuahua y Estado de México, al menos desde hace una década los fotovolantes con rostros y datos de niñas y adolescentes capitalinas proliferan en el metro, en las calles y en redes sociales.
Estas evidencias, sin embargo, no parecen haber alarmado a las autoridades pasadas o actuales.
Todavía es común que quienes denuncian la desaparición de su hija o hermana se topen con la respuesta: “se fue con el novio” o con la sospecha de que “tenía problemas familiares”, sea cual sea la edad o circunstancia de la víctima. Al parecer, por más “capacitación” en Derechos Humanos y perspectiva de género que hayan recibido, las y los encargados de procurar justicia no se han enterado de sus obligaciones conforme a las leyes y protocolos vigentes, puesto que actúan como si no fuera su responsabilidad instrumentar medidas preventivas y dar respuestas acordes con el contexto en que se dan los crímenes a fin de evitarlos o disminuir los riesgos para las víctimas en potencia. ¿Hasta cuándo habrá que repetir que “negligencia es responsabilidad”?
Los problemas que hoy enfrentan las familias de chicas desaparecidas tampoco son nuevos; ya han sido señalados en vano aquí y otros estados. ¿Por qué se ha mantenido la confusión entre personas “extraviadas”, “ausentes” y “desaparecidas”? ¿Por qué no existe la base de datos con ADN que desde hace años han reclamado organizaciones nacionales e internacionales? ¿Por qué siguen (mal)tratando a las familias denunciantes burócratas sin sensibilidad ni preparación?, y ¿Por qué, si se sabe que la desaparición y el feminicidio han aumentado, no se han destinado recursos suficientes para capacitar policía especializada en investigación y peritajes con PEG y expertas en desaparición?
A raíz de la desaparición en 2018 y la búsqueda, hasta ahora fracasada, de Mariela Vanessa Díaz Valverde, alumna de la UNAM, varias familias de víctimas conformaron un colectivo para apoyarse y dar seguimiento a sus casos. El colectivo “¡HastaEncontrarlxs! CDMX”, en el que también participan abogadas y académicas, no ha tenido con las autoridades la interlocución esperada, en parte por falta de interés de éstas en 2018 y por la transición gubernamental, en parte por el desorden y omisiones que caracterizan la (falta de) procuración de justicia en México. Como han señalado éste y otros grupos, es crucial iniciar la búsqueda de inmediato y hacerla con presunción de vida. Esperar horas o días y luego buscar cadáveres es irresponsable e inhumano. Una tortura para las familias.
Buscar y encontrar con vida a quienes han sido desaparecidas debe ser prioritario. Si alguna chica se fue por su cuenta, sólo se puede saber si se le encuentra. Cuando se sabe (o debe saberse) que varias niñas y mujeres han desaparecido en la misma zona de Iztapalapa, o que en municipios colindantes el crimen organizado o desorganizado atrae con drogas y fiestas a chicas cada vez más jóvenes o, sin más, las priva de la libertad, las usa y puede llegar a matarlas, ¿por qué no se asume esa realidad? Sabemos ya que la prevención es ajena a las autoridades, pero la investigación con resultados y la sanción no pueden seguir en el aire. La sistemática falta de búsqueda inmediata y continuada de las desaparecidas lleva a preguntarse si se trata sólo de incapacidad o desidia o si, como en otros casos, hay colusión y corrupción.
En septiembre de 2018 se creó en la Ciudad de México una Fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas. Aunque el trato a las familias ha mejorado, no hay resultados que demuestren un compromiso serio para resolver los casos de desaparición y prevenir el feminicidio. Como planteó en marzo el Espacio Universitario de Acompañamiento a la familia de Mariela Vanessa, contra la impunidad sistemática, urge que “lo sistemático sea la verdad, la justicia y las búsquedas con presunción de vida. Y la atención de manera diligente en todos los casos de desaparición”.
