Los elementos legales que fueron considerados para llevar a cabo el congelamiento de cuentas de Zebadúa y Robles, se relacionan con la acción, comisión y omisión en diferentes delitos cometidos presuntamente por ambos ex funcionarios . En el caso de Robles, se considera que incumplió con la calidad de garante de la ley que tenia como Secretaria de Estado. En la investigación se presume, también, desvío de recursos públicos, generación de empresas fachada, contratación sin control adecuado, lavado de dinero y corrupción política.

Información obtenida por Aristegui Noticias revela que fueron congeladas las cuentas relacionadas con Rosario Robles Berlanga exsecretaria de Sedesol y Sedatu y de Emilio Zebadúa, quien fuera su oficial mayor en ambas dependencias y operador principal del presunto desvío de recursos millonarios a través de por lo menos 11 dependencias federales, ocurrido durante la administración de Enrique Peña Nieto, principalmente por Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Banobras.

Desde dichas entidades públicas se entregaron contratos a otras entidades públicas, entre ellas universidades y sistemas de comunicación pública en varios estados del país.

La investigación principal que dio origen a diversas publicaciones periodísticas fue realizada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) durante la gestión de Juan Manuel Portal y la investigación forense corrió a cargo de Muna Dora Buchain, directora de dicha área de la ASF.

La ASF documentó que el gobierno del ex mandatario Enrique Peña Nieto entregó a una red de cerca de 130 empresas, de las cuales por lo menos un centenar resultaron fantasmas, contratos por más de 7 mil 500 millones de pesos.

A finales de julio, en entrevista con Aristegui Noticias, la ex directora forense de la ASF señaló que: La ex auditora forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Muna Dora Buchahin, explicó que en el esquema para desviar recursos públicos a través de la llamada “Estafa Maestra” la indagatoria debe comenzar con funcionarios de bajo nivel que están dispuestos a revelar todos los mecanismos de esta trama ilícita que se diseñó con el fin de apropiarse de recursos públicos.

En el caso de Emilio Zebadúa, la Auditoria Superior de la Federación ha dado seguimiento a la denuncia penal presentada en octubre 2018 -ante la entonces Procuraduría General de la República- por su presunta participación en el desvío de 185 millones de pesos que fueron desviados desde la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a empresas fantasma mediante contrataciones ilegales. Esto habría ocurrido en 2016, cuando la titular era, precisamente, Rosario Robles Berlanga.

La acusación señala que tanto Zebadúa ,como Oficial Mayor, y dos de sus colaboradores suministraron recursos públicos de forma indebida a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, misma que no dio cumplimiento a los compromisos y servicios contemplados en acuerdo firmado a principios de 2016. La Universidad subcontrató, por encima del porcentaje permitido legalmente, los servicios que se había comprometido a realizar. Tampoco se acreditó que las empresas subcontratadas, hubieran realizado dichos servicios. En la acusación penal formulada, se presume, entre otras conductas, el desvío de recursos públicos.