Animalistas de Oaxaca reportaron a EL UNIVERSAL que luego de su intervención y la denuncia que interpusieron por maltrato animal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), el burro de carga que había sido llevado al encierro de San Sebastián Río Dulce fue liberado la noche de ayer lunes.

La presidenta de la asociación Ayuda al Perro Amigo (APA Oax), Hilda Toledo, señaló que los activistas oaxaqueños se unieron para denunciar legalmente el caso del burro que fue llevado a la cárcel de la localidad por órdenes de las autoridades.

Según la información preliminar, el motivo del encierro fue que los propietarios, una pareja de más de 80 años, conformada por Pascual Cruz y Alejandra Mejía, no tenían recursos suficientes para pagar multas que les fueron impuestas.

El animal, que es empleado por sus propietarios como bestia de carga y constituye una importante herramienta de trabajo, permaneció más de 72 horas sin comida, ni agua, encarcelado.

La medida fue reprobada por los activistas, quienes además de evidenciar lo sucedido a través de las redes sociales, exigieron el apoyo de las autoridades competentes.

Toledo indicó que tras la intervención de los animalistas en el seguimiento del caso, la fiscalía informó que el animal fue devuelto a sus propietarios, sin que tuvieran que pagar una multa por su liberación.

Lo anterior se logró con la intervención de la sindicatura municipal de Zimatlán de Álvarez, municipio al que pertenece la comunidad.

Hilda Toledo informó que los activistas contemplaban acudir a la comunidad, pero está se considera “peligrosa” pues incluso se tiene que pedir autorización para ingresar, por lo que se decidió actuar por la vía legal y permanecerán pendientes de lo que suceda en los días posteriores.

Las autoridades de Río Dulce también han sido señaladas por cuotas abusivas en servicios para la comunidad, por ejemplo cobros de hasta 30 mil pesos para autorizar enterrar a una persona en el panteón local.

En mayo de 2017 se dio a conocer el caso de una anciana que falleció y por cinco días a su familia se le negó el derecho a sepultarla en el cementerio de la comunidad por orden del agente municipal Carmelo López, hasta que se cubriera una cuota de 20 mil pesos.

En Oaxaca, el maltrato animal se castiga con penas que van de 3 meses y hasta dos años de prisión y con multas de entre 100 y mil días de salario mínimo.