La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) extravió diamantes, piedras preciosas y semipreciosas, mismas que le fueron aseguradas al presunto contrabandista turco, Apel Çelik, en 2014.

Con base en documentos ministeriales, el valor de las 4 mil 569 joyas y diamantes que fueron aseguradas en varios locales comerciales de la Riviera Maya es de 185 millones 431 mil 525 pesos. En tanto que el valor de las piezas perdidas fue estimado en 53 millones de pesos, según la carpeta ministerial vigente en la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República (FGR).

El diario Reforma publicó en noviembre de 2017 que la FGR buscaba al empresario turco Apel Çelik, sentenciado en su país por la quiebra fraudulenta de un banco. En México ya estaba identificado como un contrabandista que vendía diamantes en diferentes establecimientos de Cancún, Cozumel y Playa del Carmen.

El 16 de diciembre de 2014, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó dichos establecimientos de Inmobiliaria Principio Maya, Lapis Diamante, Sondik Maya y Lapis Mahahual, como parte de las acciones en contra del contrabandista turco. Siete días después, la PGR cateó la joyería Jewerly Factory Lapis, en Puerto Aventuras.

De acuerdo con sentencias judiciales, las piedras preciosas que desaparecieron son de Jewerly Factory Lapis; mercancía que consta de 24 indicios, pese a que en el documento consultado no especifica en qué consiste cada sospecha, era resguardada en una bóveda de seguridad de la SEIDO “por considerarse que representan el objeto del delito de contrabando equiparado”.

Sobre la desaparición de los diamantes se tuvo conocimiento el pasado 2017, cuando Érika Paola Avilés Demeneghi; Guadalupe Demeneghi Morales y Julián José Betancourt Turriza, quienes fueron investigados como presuntos cómplices de Çelik, reclamaron su devolución.

Del 12 al 29 de junio de 2017, la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) llevó a cabo una inspección material y física en las instalaciones de la SEIDO, donde reportaron que estaban los objetos asegurados del 16 de diciembre de 2014, pero no los embargados por el SAT el 23 de diciembre.

“(La UEAF) dio vista a la Visitaduría General de la entonces PGR y presentó la denuncia correspondiente en contra del agente del Ministerio Público respectivo por su probable responsabilidad administrativa y/o penal”, reportó la dependencia.