Al acercarse el fin de año, 2019 será recordado por las manifestaciones masivas y movimientos populares que sacuden al mundo desde Haití hasta Hong Kong en contra de los programas económicos neoliberales y la corrupción, así como en favor de la independencia nacional.

Mientras que la mayoría de las protestas son similares en sus exigencias centrales—por ejemplo, la urgente necesidad de abandonar los “ajustes estructurales” y los “programas de asistencia financiera” del Fondo Monetario Internacional (FMI) en América Latina y el Caribe—, otras movilizaciones y líderes se han concentrado en las aspiraciones de libertad como lo ilustra el caso de Cataluña, lo que refleja el complejo momento que enfrentan las sociedades globalizadas.

¿Tendrán éxito en lograr sus objetivos? En esta oportunidad efectuaremos un breve repaso de los principales temas en varios países, partiendo de la premisa de que la crisis entraña un cambio social, político y económico más profundo, que simboliza el fin de los paradigmas y la transición hacia un orden mundial multipolar.

Bolivia

Alguna vez el país más pobre de Sudamérica, Bolivia bajo el presidente izquierdista Evo Morales ha logrado convertirse en una de las economías de más rápido crecimiento en la región, pese a la caída de los precios del petróleo y de otras exportaciones clave, reduciendo la pobreza en 25% y la pobreza extrema en 43%.

Morales, quien ascendió al poder en 2006 como el primer mandatario indígena de la nación, ganó un cuarto periodo en las elecciones del 20 de octubre obteniendo apenas un poco más de la ventaja de 10 puntos necesaria para evitar una segunda vuelta contra el ex presidente conservador Carlos Mesa.

El recuento inicial, sin embargo, fue interrumpido, detonando una furiosa reacción de los opositores y denuncias de fraude. El canciller Diego Pary anunció que la Organización de Estados Americanos (OEA) comenzaría una auditoría “vinculante” de los votos el jueves, mientras que el gobierno invitó al proceso a observadores de España, México—que ha reconocido la victoria de Morales—y Paraguay.

Horas después, Mesa rechazó el proceso, resaltando que se trata de un acuerdo “unilateral”. No obstante, había afirmado el martes que la auditoría de la OEA demostraría el fraude, y enfatizó que requiere garantías del gobierno de que el resultado de cualquier recuento será obligatorio.

Cataluña

Una de las tres naciones históricas que comprende el Estado español junto al País Vasco y Galicia, Cataluña, dirigida por nacionalistas y coaliciones de izquierda moderada desde el establecimiento de la Constitución postfranquista en 1978, efectuó un referéndum en 2017 con 90% de los votantes en apoyo de la independencia, aunque el mismo fue declarado ilegal y suspendido por el Tribunal Constitucional de España.

El 27 de octubre de 2017 el Parlamento catalán declaró la independencia. En respuesta, el Senado español aprobó el gobierno directo al eliminar a la administración autónoma y convocar a elecciones adelantadas. La Suprema Corte ordenó la detención de siete ex ministros por cargos de rebelión y abuso de recursos públicos, al tiempo que otros, incluyendo al entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, huyeron a países europeos.

La inestabilidad se exacerbó el mes pasado después de que nueve nacionalistas catalanes fueron sentenciados de 9 a 13 años de prisión; más de 400,000 personas marcharon en Barcelona y varias huelgas paralizaron Cataluña.

Se considera que las protestas se han fortalecido por la dura represión, el ataque a los derechos democráticos y la austeridad impuesta por el gobierno central de Madrid, que amenazó a Bélgica con “tomar medidas” si sus autoridades no entregan a Puigdemont.

España realizará su cuarta elección general en cuatro años el 10 de noviembre; según encuestas, los socialistas del primer ministro en funciones, Pedro Sánchez, ganarán 32% de los sufragios sin alcanzar la mayoría absoluta.

Chile

“El neoliberalismo nació en Chile y morirá en Chile”, es una de las consignas que pueden escucharse estos días en la nación del Cono Sur, en referencia al sistema impuesto por la dictadura de Pinochet (1973-1990) que alentó el crecimiento, el comercio, las privatizaciones y la estabilidad financiera, pero al mismo tiempo incrementó la desigualdad social con bajos salarios (USD $400 mensuales en promedio), trabajo precario y pensiones miserables (USD $400 en promedio).

Las protestas estallaron el 18 de octubre, luego de que el gobierno del presidente Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, aumentó las tarifas del transporte público; no obstante ésta fue sólo la chispa que generó el incendio, pues el país padece uno de los peores sistemas educativos de América del Sur y uno de los más caros del mundo, lo mismo que un sistema de salud ineficiente. Además, Chile es el único país donde el agua es propiedad privada.

Al enfrentar un descontento masivo sin dirigentes visibles de la oposición, la primera reacción de Piñera fue declarar el estado de emergencia; esta semana, tras remover ocho miembros de su gabinete, el mandatario chileno se retiró de la organización de la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) del 16 y 17 de noviembre y de la reunión COP 25 sobre cambio climático del 2 al 13 de diciembre.

Francia

Ignorado virtualmente por los medios internacionales, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, rumbo a su primer aniversario el 17 de noviembre, sigue confundiendo a los observadores con respecto a la orientación política de sus 25 demandas originales, que combinan posiciones derechistas favorables a reducir los flujos migratorios y abandonar la Unión Europea con políticas progresistas, como el incremento en 40% del salario mínimo, las pensiones y los beneficios sociales.

Lo que comenzó con un alza a la gasolina escaló hasta una gran protesta, pese a que el impopular presidente Emmanuel Macron prometió disminuir los impuestos el próximo año. “Esto es nacionalismo, rebelión de la clase media y protección de la cultura, los valores y la soberanía de Francia ante la globalización”, resumió un activista.

El martes, Priscillia Ludosky, Jérome Rodrigues, Fabrice Grimal y Faouzi Lellouche, líderes de los chalecos amarillos, solicitaron una reunión de emergencia con Macron antes del 16 de noviembre, al argumentar que ha fracasado en ofrecer una solución política a la crisis. En una carta enviada al presidente, acusaron a su administración de “reprimir y rechazar” al movimiento ciudadano, subrayando que “no ha presentado una respuesta política creíble”.

Haití

Las protestas anti gubernamentales entraron a su séptima semana en Haití, al tiempo que miles tomaron otra vez las calles de Puerto Príncipe y de otras ciudades para exigir la salida del presidente Jovenel Moïse.

Más de 20 personas han sido asesinadas en medio de las manifestaciones, mientras que en las redes sociales periodistas y activistas denunciaron el despliegue de mercenarios extranjeros contratados por oligarcas y narcotraficantes nacidos en Oriente Medio, como Gilbert Bigio.

Para muchos en la isla del Caribe la crisis fue incubada desde 2004, cuando la clase parasitaria millonaria y ex oficiales del ejército respaldados por Estados Unidos derrocaron al presidente reformista Jean-Bertrand Aristide. A esto le siguió una ocupación de Naciones Unidas durante 15 años, el catastrófico terremoto de 2010 que mató a más de 200,000 personas y disturbios generalizados el año pasado, debido a un aumento del combustible pactado con el FMI a cambio de un crédito de USD $96 millones.

Honduras

Uno de los países más pobres de América, Honduras se ha transformado en un “narco estado” bajo el régimen del presidente Juan Orlando Hernández (JOH), investigado con sus hermanos Juan Antonio e Hilda por fiscales estadounidenses y la Administración Antidrogas (DEA) por lavado de dinero y narcotráfico para el Cártel de Sinaloa.

El mes pasado, el ex legislador Juan Antonio Hernández fue declarado culpable bajo cargos de narcotráfico por una corte de Estados Unidos y podría ser condenado a cadena perpetua; sin embargo, la horrenda ejecución en una “prisión de alta seguridad” de Tegucigalpa de un testigo clave, Magdaleno Meza, sirvió como un recordatorio de la impunidad que todavía disfruta esta familia.

Fiscales hondureños consideran que la fraudulenta campaña de reelección de JOH en 2017 fue financiada por las mafias. La pobreza crónica y la violencia de bandas alientan la emigración a Estados Unidos en Honduras, donde los partidos opositores organizaron nuevas manifestaciones esta semana; si hubo una oportunidad de progreso en el país centroamericano, se perdió cuando el presidente Manuel Zelaya resultó derrocado en un golpe apoyado por Washington en 2009.

Hong Kong

El movimiento de protesta más importante desde que la ex colonia británica retornó a la soberanía china en 1997 bajo el principio “un país, dos sistemas”, fue detonado por el intento de aprobar una iniciativa de ley que permitiría a las autoridades locales detener y extraditar a prófugos a China continental y Taiwán, socavando—en ojos de sus oponentes—la autonomía y las libertades civiles de Hong Kong.

Los inconformes han presentado cinco demandas básicas, que incluyen investigar los supuestos ilícitos de la policía y reanudar las reformas que prometió la Declaración Conjunta Chino-Británica de 1984, estancadas tras las manifestaciones contra los cambios al sistema electoral de Hong Kong en 2014.

Con el tiempo, la agitación ha mutado en ataques a la propiedad pública con un perturbante elemento de discriminación étnica, ya que la mayoría de la población del enclave financiero habla cantonés, en contraste con el chino estandarizado o mandarín usado en el continente.

Organismos como Poder Popular, que promovieron la intervención de legisladores de Estados Unidos, y el grupo estudiantil Demosisto, dirigido por Joshua Wong, han llamado al fin de la “opresión del Partido Comunista de China”. No obstante, Wong y otros líderes radicales quedaron desprestigiados después de que se reunieron con la diplomática estadounidense Julie Eadeh en agosto.

Beijing ha mostrado moderación al enfrentar los disturbios, aunque se prohibió a Wong participar en las elecciones locales del 24 de noviembre. El jueves, por su lado, la agencia oficial Xinhua anunció que China “construirá y mejorará un sistema legal y su mecanismo de cumplimiento para defender la seguridad nacional en las regiones administrativas especiales”, integradas por Hong Kong y la ex colonia portuguesa de Macao.

Líbano

Una nación clave para la estabilidad de Medio Oriente, Líbano ha estado inmerso las últimas tres semanas en protestas que exigen el fin del corrupto sistema político sectario que ayuda a que un puñado de dirigentes musulmanes sunitas, chiítas y cristianos maronitas controlen todo el país.

El primer ministro Saad Hariri renunció el martes, horas después de que cientos de jóvenes desmantelaron las áreas de protesta en el centro de Beirut, saqueando las tiendas de campaña y puestos montados por los manifestantes. El ataque fue atribuido a los partidos chiítas Hezbolá y Amal, cuyos líderes han sido cautelosos al enfrentar la crisis.

Dados los factores estratégicos en juego—la guerra en la vecina Siria, protestas masivas en Irak y la rivalidad regional entre Israel, Arabia Saudita e Irán, el mayor aliado del Hezbolá—la poderosa milicia advirtió sobre el caos y más divisiones que surgirán si se permite continuar las protestas.

Mientras que Irán acusó a Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel de promover las movilizaciones, el presidente libanés Michel Aoun afirmó el jueves que el próximo gobierno deberá incluir ministros seleccionados por su capacidad y no por su afiliación política, en un aparente respaldo a las demandas de formar un gobierno tecnócrata.

Lo que puede asegurarse es que en tanto el confesionalismo y el clientelismo sigan en el corazón del sistema político, Líbano permanecerá débil e inestable como el campo de batalla de las grandes potencias.