Lo único que María Elena Ríos Ortiz pide es justicia. Hace 90 días, la vida de esta talentosa saxofonista mixteca, de 26 años, se fracturó cuando estando en su casa en la ciudad de Huajuapan de León, un hombre le roció ácido en el cuerpo. Se trata del primer ataque de este tipo documentado en Oaxaca y el cuarto a nivel nacional.

Desde aquel 11 de septiembre, el mundo de María Elena está contenido en las paredes blancas del Hospital Civil Aurelio Valdivieso, en la capital del estado. Ahí ha sido sometida a diversas intervenciones quirúrgicas, pues el ataque le dejó graves secuelas en varias partes del cuerpo.

Antes del ataque, María Elena dedicaba su vida a la música. Es egresada del Conservatorio de Puebla y participante en el Primer Encuentro de Directores de Bandas de Oaxaca 2019. Ese fue el último evento al que asistió antes del atentado.

María Elena está segura de quién es el autor intelectual de su ataque. Se trata de un poderoso empresario y exdiputado local, quien formó parte de su vida en otro tiempo y quien la ha amenazado de muerte tras los hechos. Todo eso se la ha dicho a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), pero a tres meses, nadie ha sido detenido.

Luego de los señalamientos, el empresario identificado por María Elena inició una campaña de desprestigio hacia ella. A través de las redes sociales, usuarios se esfuerzan por desvincular al exdiputado de las acusaciones.

“Hemos estado buscando ayuda en el caso, pero debido al poder que ejerce el empresario, nadie ha querido ayudarnos. A pesar de que hay pruebas suficientes en poder de las autoridades que vinculan al autor intelectual con la persona que cometió la agresión”, lamentan familiares de la joven.

Para la familia Ríos Ortiz, el ataque fue el inicio de una pesadilla que no termina. Primero, se negaban a darle atención médica a María Elena, por lo que iba a ser trasladada al estado de Puebla; sin embargo, a través de presiones, finalmente la joven fue trasladada al Hospital Civil de la capital.

Ahí, María Elena vive con el temor de recibir un mensaje de texto del empresario, pues así es como han llegado las amenazas de muerte, evidencias que también están en poder de la fiscalía.

La desesperación de su familia es tanta que, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó Huajuapan, acudieron ante él para pedirle ayuda.

El Mandatario federal los escuchó, dejó una promesa y turnó el asunto a una funcionaria de gobierno federal en la entidad, quien hasta ahora no ha atendido la instrucción presidencial, argumentando que se trata de un asunto que compete al gobierno local, a pesar de que la violencia de género y su erradicación es un compromiso de la Federación. Después, bloqueó a la familia de su teléfono celular.

Así han sido estos meses, una serie de puertas que se cierran una tras otra. La familia de María Elena, por ejemplo, tiene contacto directo con el fiscal general, Rubén Vasconcelos, y con el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, funcionarios que le han prometido un apoyo que llega a cuentagotas.

“No estamos recibiendo ayuda legal, ni médica apropiada”, dicen los familiares a EL UNIVERSAL y aseguran que, desde el día del ataque, la joven no ha abandonado el hospital. Hasta hoy, no hay fecha para que sea dada de alta.

La desesperación aumenta porque para atenuar las heridas que el ácido dejó en gran parte de su cuerpo, María Elena requiere atención especializada que no llega.

Aunque la familia reconoce que el fiscal se comprometió en una intermediación con la titular de la Secretaría de la Mujer, Ana Vásquez Colmenares, a darle celeridad a la investigación, su temor es que les han dicho que el empresario y exdiputado se mueve en los más altos círculos del poder.

Su temor, repiten, es que las autoridades locales ignoren las pruebas que se acumulan para demostrar la responsabilidad del señalado. Y que sean incapaces de impartir justicia para María Elena.

Ante ese miedo y por la gravedad de las lesiones, la familia pide que el caso sea turnado a instancias federales, para que se atienda con perspectiva de género.

Los familiares de la joven insisten en que incluso existe un retrato del agresor material, cuya identidad también fue captada en cámaras de vigilancia: “Tememos por nuestra seguridad y la de María Elena. Hemos recibido llamadas y sabemos que estamos luchando contra alguien cuyo poder se mueve con el dinero. Por eso pedimos ayuda, que no olviden el caso, que atiendan a nuestro llamado”, suplican.

“¿Qué se ha hecho al respecto, para atender a María Elena y garantizar su seguridad y la de su familia, así como la de las mujeres que están expuestas a un ataque similar”, cuestiona la familia.

Aunque el ataque a la saxofonista es el único perpetrado con ácido en el estado de Oaxaca, las cifras de violencia de género indican que su historia se repite. De finales de 2016 a la fecha, organizaciones civiles contabilizan 370 mujeres asesinadas y otras mil 754 agredidas.

La fiscalía de Oaxaca no dio su postura sobre el caso.