La Secretaría de la Función Pública de México (SFP) identificó irregularidades por 19.000 millones de pesos (1.020 millones de dólares) en el aeropuerto de Texcoco, cuya construcción se canceló al iniciar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las irregularidades incluyen 6.000 millones de pesos (322,2 millones de dólares) en anticipos pendientes de amortizarse o recuperarse y una cifra igual para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos no justificados, dijo la SFP en un comunicado.
La revisión de la situación del aeropuerto formó parte de los casi 3.400 actos de fiscalización hechos en el 2019, de las que más de 2.500 fueron auditorías que generaron observaciones asociadas a más de 544.000 millones de pesos (29.215 millones de dólares), indicó la institución.
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, presentó estas cifras en el marco de un informe de las auditorias hechas en su primer año de gestión como parte de su compromiso para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en México.
El monto global de las presuntas irregularidades supera al presupuesto federal total de los sectores de Educación y de Salud, los dos que más recursos reciben en el presupuesto de egresos de la Federación, comentó la funcionaria.
En el informe “develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”, afirmó Sandoval.
Además de las irregularidades del aeropuerto, la funcionaria mencionó entre otros “casos ejemplares de corrupción”, el desvió del trazado de una carretera en el occidente del país para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico.
La funcionaria denunció también el sobrecosto de 1.442 millones de pesos (77,4 millones de dólares) de la carretera Amozoc-Perote y el libramiento de Perote, en el oriental estado de Veracruz.
También el desfalco en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2,42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos (50,4 millones de dólares).
La Función Público fiscalizó programas de las áreas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes y cultura física y deporte, pagados con recursos federales transferidos a los estados.
En materia de obra pública la Función Pública hizo 127 actos de fiscalización que se desglosan en 36 auditorías, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20.598 millones de pesos (1.106 millones de dólares).
Como resultado de la fiscalización fueron abiertos 400 procedimientos de responsabilidad administrativa o informes de irregularidades e impuso sanciones por caso 23.000 millones de pesos (1.235 millones de dólares).
