Mientras otros países han destinado hasta el 32% de su PIB a medidas para enfrentar la crisis económica causada por el Covid-19, el gobierno de México sólo ha destinado 0.4%. Además, rehúye a otorgar estímulos fiscales y antagoniza con el sector privado.

En los últimos dos meses han desaparecido 685 000 empleos formales y el Banco de México estima que esta cifra puede llegar hasta 1.4 millones para el fin de 2020. Al mismo tiempo, hay 16 estados con tendencia al alza en contagios y 17 con nivel de alerta alta máxima. Ante este panorama, ¿cómo se sostendrá el regreso a la “nueva normalidad”?

Frente a la peor crisis económica del siglo, causada en primera instancia por el Covid-19 pero exacerbada por frágiles programas de soporte económico, se presentó el plan para regresar a la “nueva normalidad”. El panorama no es amigable: México ya superó en número de muertes a China, el país origen del virus, y está entre los ocho países con más defunciones reportadas. Se sabe, también, que entre marzo y abril se perdieron más de 685 000 empleos, equivalente al doble de los que fueron creados el año pasado. No sólo eso, el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2020 fue de -1.6% y durante este periodo han salido del país 206,743 millones de pesos, aunado a que la confianza empresarial ha caído casi diez puntos situándose muy cerca del nivel que existía durante la crisis de 2008.

¿En qué consiste el plan para la nueva normalidad?

Entre errores de publicación en el Diario Oficial de la Federación y una posible crisis del federalismo, el 13 de mayo se anunció EL PLAN DE REGRESO A LA “NUEVA NORMALIDAD”. La propuesta consiste en retomar actividades desde el 18 de mayo en los 323 municipios que no tienen casos de contagio, los llamados “municipios de la esperanza” de los cuales la mayoría se encuentran en Oaxaca y en zonas rurales. Para el resto del país se presentó un semáforo de cuatro colores que indica qué actividades podrán ser retomadas a partir del primero de junio. Para esa fecha, las industrias de construcción, minería y fabricación de equipo de transporte —reconsideradas como esenciales— deberán presentar un acuerdo de buena voluntad, protocolos sanitarios y contestar un cuestionario de 60 preguntas para retomar actividades.

La coordinación entre el gobierno federal y los estatales ha tenido varios tropiezos a lo largo de la pandemia. Esto a raíz de la falta de recursos financieros y la carencia de insumos básicos para atender a los contagiados. También ha generado conflicto el coincidir con las fechas para retomar actividades económicas y educativas. Los gobernadores argumentan disparidad en la repartición de recursos y redistribución fiscal. Incluso, algunos han acusado una visión centralista por parte del presidente que no escucha a las necesidades de los estados.

Retomar actividades cuando aún hay 16 estados con tendencia al alza en contagios y 17 con nivel de alerta alta máxima parece contradictorio. Pero el aumento en el desempleo y la contracción de la economía han generado una caída en los ingresos familiares que, lamentablemente, podría causar que hasta 10 millones de personas caigan en situación de pobreza extrema. Reactivar la economía es necesario, pero cabe cuestionarse si las medidas emprendidas por el gobierno federal serán suficientes para contrarrestar el cierre de empresas y despidos, la fuga de capital y prevenir una nueva ola de contagios.

¿Qué medidas sostendrán la “nueva normalidad” y reactivarán la economía?

El domingo 5 de abril se presentó el Plan de Reactivación Económica, en el que se esperaba se anunciara un apoyo sustancial a toda la industria privada, pero el plan dejó de lado varios grupos empresariales. El texto puede resumirse en cinco puntos:

Aumentar el gasto del gobierno en la creación de empleo para seguir la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y el Tren Maya en la península de Yucatán.

Invertir en infraestructura: agua potable, drenaje, pavimento lo que habría de generar 228 000 empleos directos.

Dar créditos a las pequeñas empresas del país que viven al día. Se repartirán 450 000 créditos de 6 000 pesos mediante las Tandas del Bienestar y un millón de créditos de 25 000 pesos para MIPyMEs con mecanismo de entrega similar al de las tandas pero con apoyo de la Banca de Desarrollo.

Integrar a 200 000 más campesinos al programa Sembrando Vida.

No aumentar los impuestos ni el precio de la gasolina.

Estas medidas focalizan sus esfuerzos en las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y dejan de lado a las grandes empresas cuyas demandas han caído en oídos sordos. Este grupo de empresas emplea a 16 millones de mexicanos para quienes no se ha contemplado medidas de apoyo por si llegaran a perder su empleo, o si fueran forzados a seguir trabajando aunque su actividad no sea esencial.

En varias ocasiones el presidente ha aclarado que no habrá “rescates” de empresas y, si éstas quiebran, el empresario es quien deberá tomar la responsabilidad. Incluso hizo saber su recelo ante la adopción de medidas recomendadas en el escenario internacional, pues considera que el financiamiento por la banca privada, aunque sea “rescate” de empresas, equivale a corrupción. Sin embargo, representantes del Consejo Mexicano de Negocios afirmaron que los acuerdos logrados no implican endeudamiento del gobierno, quien se queda fuera de la solución y sólo como alguien que entorpece las negociaciones. Los 12 000 millones de dólares que el BID invertirá en México se destinarán a 30 000 pequeñas, medianas y grandes empresas fundamentales en las cadenas de valor de todos los bienes y servicios del país.

La estrategia del presidente es otra: la promesa de crear dos millones de empleos. Para documentar la imposibilidad de llegar a esta meta, es necesario considerar que 2017 fue el año con más empleos generados (801 000 empleos formales), y eso era cuando la economía crecía al 2.1%. Con una economía que puede caer hasta 8.8% del PIB, de acuerdo con Banxico, no es realista creer que se crearán dos millones de empleos. Incluso, aunque se cumpliera la promesa, no sería suficiente. A las estimaciones realizadas por el banco central sobre la pérdida de 1.4 millones de empleos, faltaría sumar la pérdida de empleos del sector informal que se integra por 31 millones de personas, y se trata del grupo más vulnerable. Además, es innegable que el anuncio de recorte a las partidas de gasto corriente en un 75% tendrá un impacto en los empleos de actuales proveedores del gobierno.

Crédito: Mexicanos Contra la Corrupción.