Familiares de víctimas cuestionan la estrategia de búsqueda de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador para hallar a los más de 61.600 desaparecidos, tras los recortes presupuestales y los cambios en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El dolor es palpable en Edith Pedroza, esposa del desaparecido Juan Pablo Romero en el municipio de Chapala, del occidental estado de Jalisco, que ocupa el segundo lugar en la tasa de desapariciones, con 9.341 personas pendientes de localizar reconocidas por el Gobierno de la entidad.
“Ha sido un camino muy largo, muy pesado, hemos acudido al Semefo (Servicio Médico Forense), acudimos a la fiscalía de Guadalajara porque las autoridades municipales no nos daban ayuda, fuimos a (la Comisión Estatal de) Derechos Humanos y al principio nos cerraron las puertas”, dice Pedroza a Efe.
En tanto, hay caos en la CEAV, el principal organismo del Gobierno encargado de atender a las víctimas, pues su titular, Mara Gómez, presentó su renuncia esta semana tras las protestas de familiares y colectivos de personas desaparecidas, quienes mantienen un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México.
Los manifestantes acusaron a Gómez de congelar los fondos de apoyo a familiares, de carecer de un Plan Nacional de Búsqueda y de dejar de renovar contratos de trabajo de áreas clave como asistencia jurídica.
Gómez argumentó que la austeridad anunciada por el presidente para afrontar la crisis por la pandemia de COVID-19 golpeó a la comisión, que a inicios de junio emitió un comunicado en el que advirtió que las medidas “paralizarían su funcionamiento”.
REAVIVAR EL DOLOR
En Jalisco, la privación de la libertad y posterior hallazgo de ocho personas en el municipio de Chapala revivió hace una semana el dolor de las familias que desde hace más de una década buscan a sus hijos y cónyuges.
El colectivo “Guerreras Unidas: Exprésate X Chapala” asegura a Efe que el número de personas desaparecidas va en aumento desde hace 20 meses, cuando inició la gestión Moisés Anaya, alcalde del municipio conocido por su numerosa colonia de estadounidenses y canadienses retirados.
Al menos un centenar de personas han sido privadas de la libertad en este periodo y solo cerca de 30 han acudido denunciarlo en la Fiscalía estatal, detalla una de las lideresas del colectivo, Elizabeth Gutiérrez, quien sospecha que la policía municipal está coludida con el crimen organizado.
Los familiares de las víctimas, relata, han recibido amenazas telefónicas para que no denuncien.
Josefina Ojeda, madre de Marcos Santos, desaparecido en diciembre 2018 cuenta que hay casos de su colonia (barrio) en los que las víctimas no quieren denunciar por miedo.
“Sé de dos casos, un hombre y una mujer que hasta la fecha los familiares no quieren denunciar nada por miedo, porque han tenido muchas amenazas de los policías”, asevera.
ENTRE ESPERANZA Y CORRUPCIÓN
Tras las manifestaciones que ocurrieron durante la semana, la Fiscalía de Jalisco encontró a ocho personas privadas de la libertad, pero ha minimizado el creciente número de casos con el argumento que la privación de la libertad en la región “no está siendo un delito recurrente”.
El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, sugirió en conferencia de prensa el martes pasado que la policía de Chapala está bajo investigación por posible colusión con grupos del crimen organizado, pero dio más detalles.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha acudido a Chapala para dar asesoría legal y seguimiento a las 60 familias que han conformado el colectivo “Guerreras Unidas: Exprésate X Chapala”.
Según el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición en Jalisco, hasta mayo de 2020, de las 9.341 personas pendientes de localizar 2.212 son clasificadas como “desaparecidas” cuya ausencia se relaciona con la comisión de un delito y 7.129 “no localizadas”, en las que no hay delito.
Del total, 1.115 son mujeres, 8.218 hombres y las ocho restantes sin género identificado.
