Sin informar a la víctima y a sus representantes legales, en octubre de 2020 el empresario José Kamel Nacif Borge, imputado por organizar la tortura sexual que en 2005 vivió la defensora y periodista Lydia Cacho Ribeiro, fue detenido en Líbano, presentado ante un juez de aquel país y liberado bajo fianza.

La organización Artículo 19, que representa legalmente a la periodista, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE ) omitieron informarles que el empresario fue arrestado el 12 de octubre de 2020.

Este hecho lo conocieron hasta el pasado 16 de febrero, tres meses después de que ocurrió el arresto. La periodista y sus abogados dijeron en un comunicado que conocieron el dato luego de la aprehensión del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, el pasado 3 de febrero, también acusado por su probable responsabilidad intelectual en la tortura.

En julio de 2020, la FGR dio a conocer que Nacif se trasladó a Líbano. Esto sucedió luego de que en México se libró la orden de aprehensión en su contra por su probable colaboración en los hechos de tortura ocurridos los días 16 y 17 de diciembre de 2005.

Sin embargo, las autoridades no notificaron a Cacho ni a Artículo 19 sobre ningún acto de autoridad encaminado a conocer el estatus jurídico del empresario en Líbano, tampoco se les informó sobre el lugar o fecha de localización, o sobre su presentación ante autoridades judiciales libanesas.

Lydia Cacho y sus abogados conocieron esta detención hasta mediados de febrero, después de la detención de Mario Marín. Para Artículo 19 la falta de información redujo la capacidad de coadyuvancia por parte de la víctima y sus representantes para participar de forma activa en el proceso, así como su derecho a estar plenamente informada de los avances del proceso.

Es por eso que en el comunicado difundido este 1 de marzo, Artículo 19 calificó de preocupante que el proceso contra José Kamel Nacif en Líbano no cuente con las garantías mínimas que permitan igualdad entre las partes. La garantía de audiencia y el derecho a la defensa, son derechos mínimos que tendrían que ser respetados en cualquier proceso penal, expuso la organización.

También resulta desconcertante, detalló, la falta de coordinación y atención a la periodista por parte de la SRE y la FGR.

Luego de publicar el libro “Los Demonios del Edén”, donde la periodista reveló una red de pornografía infantil que involucraba a políticos y empresarios, fue acusada por Kamel Nacif de difamación y calumnia, acto seguido fue detenida en Quintana Roo y traslada por carretara a Puebla, trayecto en el que fue torturada. En 2016 los medios dieron a conocer una llamada entre el entonces gobernador Mario Marín y Nacif, donde revelaron su acuerdo para detenerla y torturarla.

Ahora, la falta de información sobre lo que sucede con la situación legal del empresario podría implicar un obstáculo en el acceso a la justicia de Lydia Cacho ya que según consta en el expediente ministerial, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) fue directamente informada sobre las gestiones realizadas a nivel diplomático hasta finales de enero de este año.

“Lo que sabemos al día de hoy es que el proceso en Líbano se encuentra suspendido hasta que retomen actividades debido a la pandemia. No hay certidumbre sobre las siguientes etapas procesales ni las imputaciones que se realizan con base en la información enviada a Líbano por FGR por conducto de SRE. Se nos ha informado que se busca una reunión entre autoridades mexicanas y libanesas para aclarar la información sobre el proceso”, expuso Artículo 19.

La organización defensora de la libertad de expresión aseguró que esta situación no abona a la confianza que debe construirse entre instituciones del Estado y víctimas de violaciones a Derechos Humanos. Por el contrario, señaló, dichas omisiones ponen en peligro el acceso a la justicia, la seguridad y protección de la periodista y personas cercanas a ella, por la probable comisión de actos de represalia en su contra.

En este sentido, Lydia Cacho y Artículo 19 pidieron a la SRE que impulse el proceso penal ante autoridades libanesas, facilite la información necesaria a la FEADLE y a la vez a la víctima y a su representación legal; y a la FGR pidieron que les notifique todo hecho relacionado con la localización del empresario, cambio de estatus jurídico y cualquier acción legal relacionada con este caso.

La organización también llamó a Secretaría de Gobernación a que considere esta falta de información como elemento de análisis en el cumplimiento del Plan Integral del Daño, instaurado a partir del dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, número 2767/2016, del año 2018, donde se encontró al Estado mexicano responsable de la falta de justicia para la periodista.