El jueves 15 de julio, el Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo otorgó un amparo al empresario José Kamel Nacif Borge, para dejar sin efectos una orden de aprehensión por el delito de tortura en contra de la periodista y defensora de Derechos Humanos Lydia Cacho Ribeiro.

Con esta determinación, advirtieron los abogados de la periodista, se abrió una gran ventana a la impunidad y un obstáculo para el acceso a la justicia y reparación del daño, pero además se dejo libre el camino para la absolución del resto de los acusados de torturar a Lydia Cacho, el 16 de diciembre de 2005, entre ellos el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres.

Hace casi 16 años la periodista fue detenida con el pretexto de una denuncia por difamación en su contra, presentada por Nacif, ante la publicación del libro “Los Demonios del Edén”, en el que señaló a empresarios y autoridades involucradas en la explotación sexual infantil, como Nacif y Mario Marín. Ese día fue trasladada por carretera a Puebla, trayecto en el que fue torturada.

El abogado de la organización Artículo 19, Luis Knapp, expuso que la orden de aprehensión contra Nacif fue liberada el 3 de diciembre de 2020, pero la resolución del tribunal la dejó sin efectos, lo que se traduce en una “estocada a la búsqueda de justicia de Lydia”, porque las dos magistradas y el magistrado que revisaron el amparo concluyeron que la tortura hacia la periodista no tuvo ninguna relación con la publicación de su libro.

El abogado agregó que el tribunal hizo un análisis profundamente sesgado, con argumentos “frívolos, sosos y burdos” de las conversaciones telefónicas entre el exgobernador de Puebla, Mario Marín, nombrado allí como “el gober precioso”, y Kamel Nacif, llamadas reveladas en febrero de 2006, donde ambos hablaron de la detención de la periodista.

El Tercer Tribunal Colegiado consideró que, cuando Marín dijo que acababa de dar “un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (sic)”, hizo una afirmación “vaga y genérica” que en México es utilizada para identificar a una mujer. “Pero ante la falta de precisión de algún nombre, no puede concluirse que entre todas las mujeres del mundo, los que intervinieron en la llamada se referían en específico a la sujeto pasivo (Lydia Cacho)”.

Es decir, explicó Luis Knapp, al tribunal le faltó como prueba una hoja membretada y firmada por algún comandante o por el ex gobernador, en donde se diera la instrucción clara de torturar a Lydia Cacho por publicar aquel libro. Sin embargo, recalcó, las magistradas deberían saber que en asuntos complejos como este caso, donde se implican redes de poder y cadenas de mando, no encontrarán una orden de ese estilo.

“No hubo orden para torturar”
El amparo en revisión (bajo el número 143/2021) fue resuelto por mayoría, con el voto a favor de la magistrada ponente del asunto, Selina Ahidé Avante Juárez, y de la secretaria del tribunal, en funciones de magistrada, Graciela Bonilla González; además del voto en contra del magistrado Jorge Mercado Mejía.

En abril pasado, el Segundo Tribunal Unitario de Quintana Roo negó un amparo a Kamel Nacif. Ante ello, el empresario interpuso este recurso de revisión, que finalmente resolvió el Tercer Tribunal Colegiado, en el mismo estado, el pasado 15 de julio, liberándolo de toda responsabilidad.

Al respecto, la periodista expuso en conferencia de prensa virtual que un mes y medio después de las elecciones del 6 de junio el Tribunal Superior de Justicia cambió a la magistrada que estaba llevando este caso a buen puerto y puso a Bonilla Juárez.

“¿Quién tomó la determinación dentro del Poder Judicial de la Federación para cambiar a esta magistrada y poner a dos magistradas que conocemos públicamente su relación directa con el PRI, con Roberto Borge Angulo, el ex gobernador de Quintana Roo, también acusado por vínculos con la delincuencia organizada y otros actos de corrupción? ¿Quién las puso y por qué?, cuestionó Lydia Cacho.

La defensora recordó que el primer juez que revisó su caso, hace 16 años, argumentó que ella no era periodista, que su libro no era una investigación y que no había sido torturada. Ahora, dijo, no es casualidad que suceda esto cuando se están dando alianzas políticas dentro del PRI. Cacho ha denunciado en sus investigaciones periodísticas a políticos como Emilio Gamboa Patrón y Miguel Ángel Linares por ser integrantes de una red de lavado de dinero.

Las magistradas consideraron que “no hay prueba fehaciente” sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro y que, todo lo sucedido al parecer fue responsabilidad de los dos policías que detuvieron a Cacho. Incluso, Artúculo 19 señaló que el tribunal consideró poco relevante que automóviles propiedad de Nacif acompañaran de forma ilegal a los policías judiciales durante el traslado de Cacho de la ciudad de Cancún a la ciudad de Puebla.

La organización, que representa legalmente a la periodista, señaló que en un país donde la tortura, particularmente la de índole sexual contra mujeres, es una práctica generalizada y la violencia contra la prensa es una constante que se registra cada 13 horas, el mensaje de las autoridades judiciales es devastador al favorecer la impunidad.

Hay 40 expedientes judiciales
La defensa legal de la periodista y defensora de los Derechos Humanos de las mujeres dijo que en los últimos tres años se han abierto casi 40 expedientes judiciales en el caso, respecto a todos los implicados en la tortura. La reciente decisión sobre Kamel Nacif podría afectar los casos que están en investigación, incluso liberar al exgobernador Mario Marín, que se encuentra en prisión preventiva.

La abogada Araceli Andrade expuso que en prisión y bajo proceso hay un comandante, dos mujeres y el gobernador Mario Marín. Además un comandante y un agente judicial ya tiene sentencia condenatoria; y un agente más ya cumplió su condena. Por otra parte hay dos policías prófugos acusados de ejercer tortura y un mando acusado de ordenarla, Adolfo Karam Beltrán, ex director de la Policía Judicial de Puebla.

La abogada Andrade denunció que, en 2005, a las autoridades de Puebla les llevó menos de un año aceptar la denuncia de Kamel Nacif contra Lydia Cacho por los delitos de difamación y calumnias, ordenar detenerla y torturarla; mientras que la periodista y sus abogados han tardado 16 años en este proceso de justicia. “Este criterio del colegiado beneficia solamente a cualquier persona que tenga dinero en este país y que quiere ser torturador o torturadora”, reclamó.

Poder Judicial garantiza impunidad

El abogado y director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, agregó que la sentencia además denota un profundo desconocimiento de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y tiene una clara intención de exonerar a todos los autores intelectuales.

La resolución del tribunal desconoce y contraviene por completo la resolución del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2018, donde determinó que la periodista fue detenida arbitrariamente y torturada como medida punitiva con motivo de la publicación de su libro.

Para Artículo 19, lo sucedido está lejos de ser simplemente una mala decisión. En octubre de 2020 la defensa de Lydia Cacho obtuvo información –de una fuente judicial que pidió anonimato– sobre la operación corruptora de Marín y Nacif para evitar una nueva orden de aprehensión, que finalmente fue librada en diciembre de ese año. La fuente señaló a exconsejeros de la judicatura federal, que intervinieron directamente con las y los magistrados.

Las omisiones en las investigaciones de los ataques contra Cacho también fueron señaladas por la ONU. Desde 2005, los poderes judiciales de Puebla y el federal han tenido un papel cuestionable en este caso. El primero, como operador de la denuncia iniciada por Nacif, por los supuestos delitos de difamación y calumnia en contra de la periodista, usándolo como instrumento del poder para castigarla por sus revelaciones sobre las redes de trata en México.

El segundo, a nivel federal, ante los hechos de tortura, por ser garante de impunidad en contubernio con las redes político criminales que protegen a los implicados. Muestra de ello es la infame resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2007, bajo la cual no se consideraron probadas violaciones graves a los Derechos Humanos.

A todo ello, expuso Artículo 19, se suma la complicidad de diversos funcionarios que, dentro de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y en otras instancias públicas, obstaculizaron el avance de las investigaciones. En este contexto adverso para la plena vigencia de los Derechos Humanos, Lydia Cacho y Artículo 19 reafirmaron su compromiso al mantener la búsqueda de verdad, justicia y reparación y exigieron:

-Una investigación pronta, imparcial, independiente y eficaz sobre los presuntos actos de corrupción acontecidos en el seno del Poder Judicial de la Federación. Hacemos eco del ministro presidente, Arturo Zaldívar, sobre la necesidad de depurar el aparato judicial federal en el país. Esta es una nueva oportunidad para ello.

-Que se garantice una justicia imparcial, independiente y transparente en el resto del proceso en contra de los otros autores materiales e intelectuales.