Desde hace tres años la Representación Social de la Federación como procuraduría y hoy como Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto la mira en el panista Ricardo Anaya Cortés, iniciando investigaciones, esto después de manifestar sus intenciones de buscar ser presidente de México.
En 2018, en plena campaña electoral por la Presidencia, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) integró una carpeta de investigación por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a raíz de la compra-venta de una nave industrial en el estado de Querétaro.
Ahora, esta administración busca imputarlo por los supuestos ilícitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de una denuncia del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Lo anterior porque el ex director aseguró que el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ordenó sobornar al panista con 6 millones 800 mil pesos, dinero que le fue entregado en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.
En junio de 2018, el entonces presidente del Senado, Ernesto Cordero, también presentó una denuncia cuando Ricardo Anaya era el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, al asegurar que su caso tenía “todos los pies de lavado de dinero”.
Incluso solicitó al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que no le tuviera miedo y que actuara contra Anaya por participar en una presunta red de lavado de dinero con el empresario Manuel Barreiro Castañeda, quien compró la citada bodega. Hasta marzo de 2019 se conoció que la Seido determinó no ejercer acción penal contra el ex candidato presidencial.
Sin embargo, la resolución se emitió el 28 de noviembre de 2018, es decir, horas antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera como presidente. “No existen datos de prueba suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, detalla el documento firmado por el subprocurador Alonso Israel Lira Salas.
Declaración de Emilio Lozoya
Ricardo Anaya interpuso una demanda por daño moral contra Emilio Lozoya, después de que éste lo denunció en la FGR en agosto de 2020. “Luis Videgaray me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Hotel Four Season.
En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo”, detalla la denuncia de Emilio Lozoya. Aseguró que, durante la reunión, Ricardo Anaya le comentó sobre sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro y que “odiaba a su contrincante”, el senador Francisco Domínguez “por corrupto”, porque él había negociado con Luis Videgaray que se le apoyara a llegar a la gubernatura.
“El mensaje era claro. Fue así que, en la primera semana de agosto del 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial y fungía como mi jefe de escoltas y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández”, manifestó Lozoya.
Ricardo Anaya dijo en redes sociales que tal señalamiento era falso.
“Ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta no sólo falsa, sino verdaderamente absurda. No sólo me provoca repudio: la mentira es tan burda que precisó que no resiste el más mínimo análisis”, expresó.
