“La raíz de todos los males es el amor al dinero”, expresó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández en respuesta a la postura de rechazo del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova al plan de austeridad presentado por el gobierno federal para realizar la consulta de revocación de mandato que fue calificado como “carente de sustentos técnicos”.

“Esa es su opinión y nosotros la respetamos, tienen ellos como organismo electoral una obligación constitucional, una obligación legal ratificada por el máximo Tribunal electoral del país, de cumplir con el ejercicio de revocación de mandato”, indicó el encargado de la política interna en el país.

“Y nuevamente volvemos a reiterar, ahí hay un análisis a profundidad del presupuesto del Instituto, ojalá y ellos decidieran aplicar esas medidas de austeridad que remarcó, no afectan al número de plazas, al personal, a los trabajadores del Instituto, no se propone ninguna reducción de plazas, simple y sencillamente se analiza y se proponen ajustes de austeridad”, expresó.

En la conferencia mañanera, López Hernández advirtió que al margen de la polémica que se vive ahora, la consulta de revocación de mandato se va a realizar porque es una obligación legal y constitucional que tienen los consejeros electorales.

“No es un asunto de autoridad jurídica o autoridad política tiene que haber también en en ejercicio de nuestras funciones, autoridad moral y tenemos que cumplirle a los ciudadanos”, sentenció.

El funcionario federal insistió en señalar que la responsabilidad de los consejeros del INE es llevar a cabo la consulta de revocación de mandato en “los términos de ley”.

“Son ellos los que tienen en este caso rendir cuentas al final de la jornada y asumir la responsabilidad que tienen como titular o consejeros de hacer las cosas bien”, consideró.

También, recordó que el plan de austeridad presentado ayer por el gobierno federal para que el INE, realice un ajuste presupuestal y obtenga recursos para realizar la consulta, no es un acto de injerencia, se trata de una «opinión respetuosa” para eliminar gastos superfluos.

“El alto funcionario no tiene por qué o no debe por qué tener por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores a costa de la institución, pues si somos trabajadores al servicio del Estado tenemos derecho a recibir atención medica en el ISSSTE, como un trabajador de una empresa particular tiene derecho a recibir atención en el IMSS”, señaló el secretario de Gobernación.