De acuerdo con el economista del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, las transferencias monetarias por conducto de programas sociales evitaron que 2.5 millones de personas en México cayeran en la pobreza con el inicio de la crisis por coronavirus. El aumento del gasto para dicho propósito mitigó el impacto negativo de la pandemia en el empleo, las ventas minoristas y la pobreza laboral.

Swarnali Ahmed Hannan apuntó que México ha sufrido durante mucho tiempo una alta pobreza y exclusión social. Antes del covid-19, las tasas de pobreza en México se habían mantenido “históricamente altas”, con algunas variaciones entre regiones. En 2018, alrededor de 42 por ciento de la población mexicana vivía en la pobreza, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Incluso en Oaxaca, Veracruz, Morelos, Tamaulipas, Colima, Ciudad de México y Sonora el porcentaje de habitantes en esa condición era más alto que una década atrás, en 2008.

El FMI señala que es probable que el covid-19 haya exacerbado estos problemas, pero un aumento en el gasto en programas sociales desde 2019 ayudó a amortiguar el impacto de la pandemia, sobre todo en el empleo, las ventas minoristas y la pobreza laboral (el porcentaje de población con ingresos laborales inferiores al costo de la canasta de alimentos).

Los programas sociales no alcanzaron a impedir que la tasa de pobreza aumentara de 41.9 por ciento a 43.9 por ciento entre 2018 y 2020; sin embargo, sin ellos este indicador se hubiera disparado a 45.9 por ciento, según retoma el FMI. En otras palabras, las transferencias sociales evitaron que otros 2.5 millones de personas cayeran en la pobreza, pero no impidieron que 2.5 millones sí lo hicieran.

Sin embargo, el organismo reconoció que las vulnerabilidades sociales aumentaron con la pandemia y acarrearán un efecto agudo entre la población de menores recursos; por ello, dijo, se requiere “un gasto mayor y más eficiente en programas sociales, educación y salud” para “reducir las brechas económicas, mitigar las cicatrices económicas de la pandemia y fomentar una recuperación incluyente”.

Al respecto, el organismo recomendó aumentar el presupuesto social con el respaldo de una reforma tributaria “en el mediano plazo”, la cual podría financiar un gasto de alrededor del 2 por ciento del producto interno bruto en programas sociales, educación y salud, y de uno por ciento en infraestructura y otras inversiones públicas.