Las declaraciones de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, sobre la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador generaron gran polémica, en ese contexto, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó una columna de Mary Anastasia O’Grady, en la que criticó el “mal juicio” del embajador y sugirió al mandatario Joe Biden despedirlo.
“No hay manera de exagerar el mal juicio del sr. Salazar. Se trata de las reformas constitucionales a las leyes energéticas de México, propuestas en septiembre por AMLO y pendientes de aprobación en el Congreso mexicano. Las reformas contravienen directamente los compromisos del país en el marco del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) de garantizar mercados abiertos y competitivos y un trato equitativo a todas las partes, extranjeras y nacionales”, destacó la columnista estadounidense.
Antecedente. Tras un encuentro con diputados el embajador Salazar afirmó que las leyes en materia de energía “se tienen que revisar y reformar” por lo que dijo que López Obrador “tiene razón” en hacerlo:
«Entonces, México ya lleva desde 2013 con esta ley que tiene. El presidente López Obrador tiene razón al decir: ‘Vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo’, ¿no? Entonces, este proceso que existe ahora, que el Presidente ha planteado, se tienen que entender las razones de él”, indicó la semana pasada el embajador.
¿Por qué es importante? O’Grady recordó que cuando la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, viajó a México expresó preocupación alguna por el tema de la reforma energética ante el “potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada de Estados Unidos”.
En ese sentido, en su columna titulada: “Un embajador de Estados Unidos se pone del lado de México”, alaertó que la reforma energética “obligaría a los generadores privados de electricidad a vender a la estatal Comisión Federal de Electricidad, que fijaría los precios como único comprador y controlaría el despacho a todos los consumidores, dándole un poder de mercado del 100%”, que con ella la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que garantizan la competencia y la no discriminación en el mercado”.
“Al no estar garantizada la igualdad de trato de los inversores ante la ley, el capital se agotaría. Pero eso no le importa a AMLO. Su objetivo es consolidar el poder para que el gobierno pueda planificar y controlar de forma centralizada la industria energética de México y la economía que depende de ella”, aseguró O’Grady.