El gobierno de México acusó que empresas estadounidenses fabricantes de armas pueden ser consideradas cómplices indirectos de la delincuencia organizada, al tener conocimiento de que un porcentaje de sus productos forma parte de la cadena de tráfico ilícito de armas a nuestro país y no modificar sus políticas de comercialización.

En la demanda presentada en la Corte de Massachusetts, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, el gobierno mexicano sostuvó que al menos ocho firmas han facilitado que la delincuencia organizada use prestanombres, empresas fantasma y triangulaciones para simular compras legales de armas que llegan a México.

Por ello, señaló que estas empresas saben que sus armas se venden en el marco de la legalidad estadounidense para ser traficadas ilícitamente a México y no hacen nada para prevenirlo.

“Al diseñar, distribuir, vender y comercializar productos altamente peligrosos, los acusados asumieron el deber de garantizar que sus armas se vendan de manera legal y cuidadosa, en su totalidad, en cumplimiento de las leyes aplicables y no eludir esas leyes a través de sus prácticas comerciales”, señala la demanda.

“Parte del deber que asumieron los demandados fue vender y distribuir cuidadosamente sus armas. Este deber se viola cuando venden armas sin estándares, condiciones o monitoreo, a través de comerciantes y distribuidores intermedios, algunos de los cuales, los demandados saben que venden armas de manera imprudente o ilegal”.

En el documento se añadió que las armerías están obligadas a garantizar que sus distribuidores y comerciantes no abastecerán imprudente o ilícitamente el mercado delictivo mexicano.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que desde que Estados Unidos eliminó la prohibición de venta de armas de asalto en su territorio en 2004, las armerías incrementaron su producción, distribución y comercialización, mientras en los cuatro años siguientes, la posesión ilegal de armas en México se multiplicó y la tasa de homicidios aumentó 45%, al pasar de 9 mil 324 a 13 mil 627 en 2008.

Desde entonces, las cifras no han disminuido. Por el contrario, un estudio del Centro Nacional de Información (CNI), que México presentará como prueba en el juicio, señala que desde 2015 los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego pasaron de 9 mil 571 a 23 mil 121 en 2021, manteniendo una tendencia anual que no disminuye de los 13 mil: “Es la primera vez que un gobierno extranjero demanda a estas empresas. Es la primera vez que en récord judicial se habla de la responsabilidad de las empresas en el tráfico ilícito de armas y, como es la dinámica en las cortes, lo que dicen las partes se toma como verdadero y lo que nosotros señalamos se debe tomar como verdadero”, detalló Celorio.

“Se estima que el daño sufrido por la negligencia de las empresas asciende a 5% o 6% del [producto interno bruto] PIB. Hacemos el señalamiento de esto porque como parte de la estrategia, la cuantificación de daños la haremos ya en el litigio. Tenemos relación con todas las dependencias gubernamentales en México para saber cuántos helicópteros se han caído, cuánto se ha gastado en medicamentos para atender lesiones, gastos funerarios, en daños directos [e] indirectos. Podríamos incluso cuantificar las pérdidas en recaudación de impuestos por el turismo”.

El litigio tiene autorizado un presupuesto de un millón de dólares al año, de los cuales hasta ahora se han gastado 100 mil.

“Demandamos a las empresas que representan alrededor de 62% de las armas que se han encontrado en México de procedencia ilícita, entre 70% y 90% de las armas en México proceden de Estados Unidos y de ese número, 62% corresponde a estas armerías”, apuntó. “Es evidente, por los videos que presenta el crimen organizado en plataformas de internet, reportes gubernamentales, películas, series, que sus armas están en México y sabiendo que sus armas están en México no hacen nada para evitarlo. Ellos tienen la obligación de prever eso”.

Para defenderse, las armerías solicitan al juez desestimar el caso, pues creen que México no tiene derecho a demandarlas.

El 12 de abril se realizó una audiencia en la que el juez cuestionó a México sobre los alcances de su demanda, pues advirtió que puede establecer un precedente para que otros países demanden a las armerías estadounidenses por los daños que ocasionan sus productos en el extranjero.

“Las cortes estadounidenses son muy cuidadosas de no intervenir en situaciones que impacten en las relaciones exteriores del país, que correspondan únicamente al Ejecutivo o que expongan a sus empresas a demandas frívolas.

“Por eso anticipábamos esto y fuimos muy estrictos al decir que esta demanda es específica de las características de México. El daño que sufrimos es específico y estamos acusando la negligencia, no el tráfico ilícito, sino la negligencia en cómo comercian sus armas”, precisó Celorio.

Estas especificaciones se refieren a la ubicación geográfica de México en relación con Estados Unidos y las tres décadas de incremento en el tráfico ilícito de armas, entre otras.

En la demanda se afirmó que estas compañías producen más de 68% de las armas que circulan en centros de tráfico estadounidenses, lo que significa que venden al año más de 340 mil unidades, que van de sus plantas en Massachussets y otros estados a delincuentes al sur de la frontera.

Según el consejero jurídico, se prevé que a finales de mayo el juez decida si se acepta o no la demanda. Para ello, cuenta con argumentos del gobierno mexicano y las armerías, así como la opinión de 14 procuradores y 27 fiscales favorables a la demanda.

Para reforzar los argumentos se estableció que las armerías tienen la capacidad de rastrear sus armas, desde que se fabricaron hasta que llegan a manos del crimen organizado.

“Todas las armas tienen un número de serie. Cada arma en México se rastrea con un programa que se llama E-Trace, que manejan la Fiscalía General de la República y la Agencia de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos [ATF, por sus siglas en inglés] en Estados Unidos. Con ese número se puede conocer cuándo se fabricó, dónde se vendió, la ruta de distribución, punto de venta y a quién se vendió”, expuso Celorio.

“Tenemos la ruta dentro de Estados Unidos y se conecta con el lugar del ilícito. Ese es el argumento más importante de la negligencia, porque esa información no es pública, la industria de armas logró pasar una enmienda que obliga a ATF a no divulgarla, pero si estuviera a disposición del público, podríamos ver la ruta de miles de armas”, detalló.

Al tratarse de información de ATF, sólo un juez puede obligar a entregar esos datos.

“Las empresas tienen esa información porque son sus procesos. Sabiendo que esa información está a su disposición —también ahí radica su falta de cuidado— si sabes que tus armas las están utilizando para cometer crímenes, ¿por qué no te preocupas hasta por tu propio prestigio?”, agregó el consejero.

La demanda apunta que incluso el Departamento de Justicia entregó información a los demandados para identificar qué distribuidores han suministrado armas ilegalmente.

“El Departamento de Justicia ofreció a los demandados información para ayudarlos a identificar cuáles de sus distribuidores estaban suministrando armas de fuego, incluidos los datos de seguimiento, los datos obtenidos por ATF cuando contacta al fabricante y otros en la cadena de distribución para identificar toda la historia comercial”, precisa la demanda de México.

Para el gobierno mexicano, las empresas fallaron en prever que su producto causaría un daño y no gozan de inmunidad alguna para que se les reclame ese daño mediante una demanda.