Soy una capitalina de 25 años. Primero quiero mencionar que es un acierto que la Ciudad de México cuente con arcos detectores de vehículos robados en las principales avenidas. Recibí la segunda semana de junio la llamada de un familiar, quien conduce el taxi de mi papá, lo primero que dijo es que varias patrullas lo detuvieron porque habían detectado que las placas del automóvil tenían reporte de robo.
Inmediatamente fue remitido junto con el vehículo al llamado “búnker” de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), donde –le informaron- el taxi se quedaría en resguardo.
A pesar de mostrar documentos que comprobaban que el vehículo no era robado, pues él es titular de la concesión de las placas, los policías auxiliares señalaron que era necesario presentarlo ante la fiscalía correspondiente.
Al llegar a la Fiscalía Central de Investigación para Robo de Vehículos y Transporte, ubicada en la calle Gral. Gabriel Hernández No. 56, colonia Doctores, el taxi quedó resguardado en las instalaciones de la PGJDF, mientras mi tío explicó al “licenciado” en turno la situación.
Presentó todos los documentos necesarios que confirmaban que no se trataba de un vehículo robado, factura original (a mi nombre), título de concesión y demás emitidos por la Secretaría de Movilidad (Semovi) y pidió se le entregara el vehículo, pues no había razón para detenerlo más tiempo.
En ese momento “el licenciado” en guardia le dice que dicho trámite es tardado, pues tiene que pasar por un dictamen técnico, MP y firmas en la Fiscalía, por lo que pudiera tardar de tres a cinco días la liberación. Además me tenía que presentar y dar mi declaración, por estar la factura a mi nombre.
Pero, como es costumbre en la mayoría de los funcionarios públicos, todo tiene solución y todo trámite se puede “agilizar”, solo es cuestión de fijar la cantidad. Y el mismo “licenciado” fue quien puso la cifra. Por tan solo dos mil pesos, ese mismo día el vehículo quedaría liberado.
A lo que mi tío le dijo que no tenía el dinero, pero ese no era problema, pues le daba como opción reunirlo hasta el lunes a las 11:00 horas.
Al narrarme esto mi familiar, me dispuse a pedir asesoría, desconocía el procedimiento a seguir en esa situación, y si contábamos con todos los documentos la PGJDF no tenía por qué retener el vehículo más tiempo.
Me dijeron que ese trámite, si bien, no es inmediato, no se retiene el vehículo más de 24 horas y me enviaron con la Fiscal, quien me podría apoyar y a quien le expliqué mi caso.
Y efectivamente, con el simple hecho de rendir mi declaración como dueña del vehículo, y mostrar el título de concesión de las placas a nombre de mi tío, era suficiente para que en un par de horas el taxi estuviera liberado.
Nos remitió con el mismo “licenciado” que horas antes le había pedido a mi familiar dos mil pesos para “agilizar” el trámite, quien al ver que su petición no había surtido efecto no le quedó más que hacer su respectivo trabajo, por el que ningún ciudadano tiene que pagar.
Todos los servicios que brinda la PGJDF son gratuitos, no hay razones para pagarle extra a los servidores públicos, estos funcionarios deben realizar su labor: servir y orientar a los capitalinos.
