Más de 2 mil 173 plazas en el área de educación, que ocupaban empleados que cobraban sin trabajar, fueron eliminadas. Con esta medida, Veracruz ahorrará 815.3 millones de pesos anuales, informó el gobernador Javier Duarte de Ochoa en conferencia de prensa.
El gobernador dijo que luego de una evaluación de mandos en la Secretaría de Educación de Veracruz, tomaron medidas de austeridad -que incluyen un programa de jubilación temprana con el 100 por ciento del salario- ya que hay un excedente de mil 585 plazas estatales que pertenecen a funcionarios del sistema educativo estatal, y con ello prevén otro recorte al gasto público en el área de educación.
Una vez que culminen con el 100 por ciento de las jubilaciones, dichas plazas serán congeladas, conforme lo anunciado esta mañana por el mandatario estatal.
Se aplicarán con todo rigor los criterios legalmente establecidos para determinar la incompatibilidad de empleos en el sector educativo y todo aquel trabajador que tenga más horas de lo legalmente permitido y naturalmente posible será apuntado en la normatividad vigente”, dijo.
A los trabajadores que tengan más de una plaza y que dichas plazas coincidan, les darán opción de elegir y a los que tengan plaza y un cargo de elección popular o que laboren en otras áreas de gobierno, la medida es que no podrán cobrar en ambas dependencias y deberán optar por la que prefieran conservar.
El gobernador de Veracruz mencionó que las medidas de austeridad para el área de educación incluye la eliminación de pago mediante cheques impresos, consolidándose así el proceso de bancarización. Los pagos serán vía electrónica al igual que los recibos. El avance de la bancarización, dijo, va en 93.8 por ciento de los 121 mil 915 empleados de la SEV.
Además será ajustado el pago de compensaciones a mandos medios y superiores de la misma dependencia educativa, de conformidad con el tabulador publicado en la Gaceta Oficial del Estado y reducirán los gastos de operación sin menoscabo de la calidad del servicio educativo.
Por eso anunció que habrá un ajuste en la adquisición de materiales y papelería, además de restringir autorización de viáticos así como el uso de combustible, arrendamiento y uso de vehículos oficiales.
