La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a garantizar el derecho de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables que estén presas en centros penitenciarios, a ser internadas en instituciones especializadas.

En un informe que el organismo envió a la Cámara de Diputados sobre la situación de esos internos en los penales del país y que se remitió a la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo, planteó que en el sistema penitenciario nacional persisten violaciones al derecho a la protección de la salud de esa población.

 

Expuso la necesidad de adoptar medidas para que quienes requieran atención especial por alguna discapacidad psicosocial sean valoradas y diagnosticadas por profesionales especializados, a fin de que se integre un expediente médico con su historia clínica y el diagnóstico, para que sean atendidas por un médico psiquiatra.

Por ello solicitó que el sector salud, en concordancia con los Artículos 1 y 4 constitucionales, tome las medidas necesarias para garantizar el derecho de ese grupo a ser internado en instituciones especializadas.

De esa manera se les ofrecerían los cuidados indispensables, con base en las normas y estándares nacionales e internacionales aplicables.

La CNDH indicó que también se requiere infraestructura para ofrecer la mejor atención y estancia a esa población, es decir construir o habilitar unidades especiales, previéndose anualmente las partidas presupuestales para tal fin.

Igualmente, agregó, se necesita armonizar el marco normativo aplicable a ese grupo, teniendo como base los estándares de protección a los derechos humanos previstos en instrumentos internacionales que prevén un cuidado específico en unidades de segundo y tercer nivel de atención mental del sector salud.

Abundó que, de igual forma, se debe poner en marcha una unidad de seguimiento a la situación jurídica de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables, dependiente de las autoridades administrativas encargadas de la ejecución de sanciones a nivel federal y sus homólogos a nivel estatal.

Con ello se pueden generar mecanismos de colaboración que informen a la autoridad judicial sobre la evolución de su salud mental, y en su caso, gestionar las medidas procedentes.

La CNDH puntualizó que a octubre de 2015 el Sistema Penitenciario Nacional registró cuatro mil 476 internos con padecimientos mentales en los centros de readaptación del país, de los que mil 54 fueron declarados inimputables y tres mil 422 con discapacidad psicosocial.