Tras una inspección personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México documentó la muerte de 17 perros muertos y otros 10 con notorio maltrato, por lo que procedió al cierre del centro antirrábico.
Además de la clausura de actividades, se inició también una denuncia penal contra el responsable del centro por la presunta comisión del delito de maltrato animal.
De acuerdo con la norma estatal vigente el maltrato animal alcanza penas de hasta dos años de prisión y multa hasta de 182 mil días de salario mínimo, informó el diario La Jornada.
