Con 89 votos a favor y uno en contra, el pleno del Senado aprobó una reforma que endurece las sanciones hasta con 30 años de cárcel a quien introduzca al territorio nacional armas de fuego en forma clandestina.
Asimismo se prevé de 10 a 15 años de cárcel y 700 Unidades de Medida y Actualización de multa, así como el decomiso, a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.
Las reformas al Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que endurecen las actuales penas de cárcel y multas económicas a la posesión, acopio y tráfico de armas en el país.
Con ello se sancionará con penas de tres a siete años de prisión a quien porte un arma sin tener la licencia correspondiente emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional.
La reforma contempla de cuatro a diez años de prisión y multa de doscientas a seiscientas Unidades de Medida de Actualización, así como el decomiso, a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.
Además la reforma aprobada y turnada a la Cámara de Diputados, crea un nuevo marco regulatorio en el que se reclasifiquen las figuras penales, se incremente la punibilidad y la sanción administrativa, por los actos y omisiones establecidos en la legislación penal federal en lo relativo a la portación y posesión, almacenamiento, compraventa, tráfico, transportación, uso, destino, de armas.
También se disminuye la opacidad y transparenta la aplicación de los criterios, en el otorgamiento de las licencias y permisos para la posesión y portación de armas de fuego, cartuchos y explosivos.
El presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, expuso que esta reforma propone establecer la seguridad y el control de las armas de fuego, a efecto de endurecer las penas por su portación, comercialización y uso para proteger la seguridad pública, la seguridad interior y seguridad nacional.
Jorge Luis Preciado, senador del PAN y quien fue el único que votó en contra, lamentó que no se haya aprobado la iniciativa que impulsa y que establece la posibilidad de que ciudadanos puedan portar armas en sus vehículos y negocios.
Crítico que ante ello muchos ciudadanos tengan que armarse ilegalmente para defender sus negocios y familia, así como el hecho de que sólo en la Ciudad de México exista una tienda de la Sedena donde se pueden comprar armas legalmente y tramitar el permiso correspondiente.
