Los delitos patrimoniales en su modalidad de defraudación, abuso de confianza y robo, representan 36.3% de las 201 mil 912 carpetas de investigación abiertas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde la operación del sistema penal acusatorio en la dependencia, de noviembre de 2014 a la fecha.

Le siguen la portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con 14.9% de la incidencia delictiva a nivel federal; delitos contra la salud, con 6.9%, y delitos financieros, con 6.8%.

Del total de carpetas, 35 mil 919 se iniciaron con detenidos y 165 mil 993, la mayoría, sin detenido, según estadísticas de la PGR.

El mayor volumen de indagatorias se abrió en la Ciudad de México (28 mil 896), seguido de Guanajuato (13 mil 409) y Puebla (12 mil 245), mientras que las entidades con menor número son: Campeche (997) y Nayarit (mil 200).

El titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UISPPA) de la PGR, Federico Soto Acosta, aseguró que las cifras señalan los puntos en los que la PGR debe priorizar para combatir los mercados criminales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, precisó que el Ministerio Público de la Federación encontró una solución en 142 mil 451 casos sin llegar a juicio, lo que representa 70.55%, mientras que 59 mil 461 de las carpetas, equivalentes a 29.45%, están pendientes, ya sea porque el Ministerio Público de la Federación no ha ejercido alguna facultad o no ha judicializado la carpeta de investigación.

“Cuando decimos que se encuentran pendientes, es que la investigación sigue su curso y que el Ministerio Público de la Federación no ha realizado ninguna determinación, ya sea ejerciendo una facultad o judicializando la carpeta, es decir, continuamos investigando el hecho que la ley describe como delito, seguimos indagando sobre la identidad del probable responsable para poderlo presentar ante el Poder Judicial de la Federación, con el juez de Control, para formular la imputación”.

En ese periodo se han realizado 522 juicios orales en los que se dictaron 400 sentencias condenatorias, 77%, y 122 absolutorias, que corresponden a 23%.

El funcionario subrayó que 177 juicios celebrados estuvieron relacionados con delitos de armas de fuego; 134, contra la salud; 58, por robo de hidrocarburo, y 153 por otros delitos.

“El resultado ha sido bastante favorable para la PGR porque tenemos un porcentaje bueno de sentencias condenatorias, que puede tender a mejorar, tomando en consideración que los asuntos más complejos son los que por lógica llegan a las audiencias de juicios orales”, destacó.

El titular de UISPPA añadió que tienen registradas mil 146 carpetas de investigación que se han resuelto por acuerdo reparatorio, una cantidad que, destacó, es importante para la PGR porque representa la solución de un conflicto por los mismos participantes de manera negociada, privilegiando que la víctima quede satisfecha con el pago de la reparación del daño.

Soto Acosta dijo que la PGR busca ser eficaz en los casos que se pueden resolver de manera pronta para poder atender los complejos y también lograr eficacia en la judicialización de diversos delitos que son los que se refieren a los grandes mercados criminales para potenciar la función investigadora y la persecución del delito.

En este marco, reveló que la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio se convirtió en un área de asesoría al Ministerio Público de la Federación adscrito a las delegaciones de la Procuraduría General de la República en los estados de la República.

Está integrada por 57 fiscales con experiencia en la operación del sistema acusatorio desde 2008, los cuales fueron desplegados en el interior del país; dan asesoría (“coucheo”) al Ministerio Público y en algunas ocasiones toman el asunto para litigarlo como fiscales en las audiencias ante los jueces de Control.

Tras la entrada en operación del Sistema Penal Acusatorio, la PGR replanteó su estrategia de combate criminal y la centró en ocho delitos de alto impacto: narcotráfico, económicos y financieros, lavado de dinero, tráfico de armas, crimen organizado, ambientales, contrabando y corrupción, considerados la cadena de valor de los grupos delincuenciales.

Los ilícitos antes mencionados son prioridad para la representación social de la federación y en los que enfoca la mayor parte de los recursos humanos y económicos con los que cuenta la dependencia.