Tres militares, involucrados en el caso Tlatlaya,  fueron absueltos de los “delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo” por falta de pruebas. Así lo determinó el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito e inmediatamente ordenó su liberación.

Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), esta decisión judicial revela “las fallas del sistema judicial” y “una cara más de la crisis de violaciones a derechos humanos que se vive en México”.

Santiago Aguirre, subdirector del centro Prodh, asegura que “el Ejército y la Marina conforman hoy un poder ajeno a la rendición de cuentas y ajeno al respeto a los derechos humanos.” Aguirre agregó que se “confirma que en México las instancias de impartición de justicia no garantizan a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que los hechos sean esclarecidos y los responsables sancionados”.

En septiembre de 2014 fueron detenidos ocho militares implicados en la matanza; sin embargo  uno  de ellos quedó en libertad al ser demostrada su “supuesta” inocencia; meses más tarde exoneraron a otros  cuatro militares implicados. Finalmente, al liberación de los últimos tres,  libera de total responsabilidad al ejército.