Igual que el jueves pasado, Rosario Robles Berlanga llegó puntual a su cita a los juzgados del Reclusorio Sur donde continuaría la audiencia en la que se definiría si iba a ser vinculada o no a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

«Con las faldas bien puestas, agarrando al toro por los cuernos y dando la cara», así reflejo su ánimo la exsecretaria de estado del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien acompañada por sus abogados arribaron con al menos seis cajas que contenían las evidencias que, aseguraron, probarían su inocencia.

«Tenemos suficientes elementos como para creer que no habrá una vinculación (a proceso) seguramente se prolongará la audencia, pero confío en que lo vamos a lograr», dijo a ejecentral el abogado Julio Antonio Hernández Barros.

Sin saber que, en efecto, la diligencia se prolongaría. Sin contar con recesos, por 12 horas en las que finalmente no sólo Rosario Robles quedó vinculada a proceso, luego de que el juez de control determinó que había los elementos para sostener que habría incurrido en el delito de ejercicio indebido del servicio público al encabezar las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por irregularidades que habrían causado un daño de alrededor de 5 mil millones de pesos en esas dependencias.

Sino que además, entre los alegados y refutaciones presentadas entre la defensa y la fiscalía ante el juez de control, este instruyó a indagar si tanto el sucesor de Robles al frente de la Sedesol, José Antonio Meade, así como el expresidente Enrique Peña Nieto tuvieron responsabilidades de los mismos delitos por los que la mañana este martes fue trasladada, en una unidad de la Policía Federal con placas 00001 al penal femenil de Santa Martha Acatitla, la exfuncionaria.

Así, Robles Berlanga se convirtió hoy en la primera exsecretaria de Estado en ser sometida a juicio en las últimas dos décadas. Un proceso en el que desde el inicio sus abogados, encabezados por Julio Antonio Hernández Barros, aseguraron que la FGR se había negado a recibir los descubrimientos probatorios para intentar refutar las acusaciones que en la audiencia del pasado jueves había imputado el ministerio público federal contra la exfuncionaria.

Los alegatos que presentó la defensa de Robles fueron las testimoniales de tres de sus exfuncionarios, oficios y diversos comprobantes que en total sumaron al menos 32 pruebas desahogadas y que después fueron contradecidas por los agentes del Ministerio Público federal, así como de los representantes jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre los argumentos que presentaron los abogados de Robles, se señaló que las acusaciones de la fiscalía tenían que ver con actos ya consumados que no tuvieron concordancia con la temporalidad en que su defendida había dirigido la Sedesol, asimismo aseguraron contar con el oficio con el que en 2017, aun como titular de Sedatu, solicitó restringir la celebración de contratos con entes públicos.

No obstante, la consideración del juez fue que dichas pruebas no eximían a Rosario de su carácter de garante del Estado, quien tiene la facultad y esta obligada para vigilar el óptimo aprovechamiento de los recursos del erario público, «cosa que no hizo, porque decidió no hacerlo».

El juez comprobó que estuvo enterada del mecanismo en que incurrieron los mismos funcionarios a su cargo tanto en la Sedesol como en la Sedatu al bajar recursos para fines distintos a los de combatir la pobreza y el ordenamiento territorial correspondientes de forma general de ambas dependencias. Destacó que dicha forma de operar fue encabezada por Emilio Zebadúa, quien se desempeñó como su Oficial Mayor en ambas instituciones.

Durante la maratónica audiencia, Rosario Robles señaló que informó al expresidente Enrique Peña Nieto y a José Antonio Meade sobre las irregularidades en la Sedesol.
Como parte de su defensa, los abogados sostuvieron que era a través de la línea roja, reuniones de gabinete y giras como ella tuvo medios de comunicación con el exmandatario.
Sostuvo que ella informó a José Antonio Meade de los pendientes por solventar de las auditorías y pliegos de información con la ASF, esto como parte de la documentación de entrega recepción de la Sedesol.

El juez, ya en su determinación, avaló que sí informó a través del acta-recepción de la Sedesol a quien iba a sucederla (Meade), pero no hubo ningún elemento que comprobara que efectivamente había informado al presidente Peña Nieto sobre las irregularidades y el posible daño causado en las instituciones que Rosario Robles encabezó en su gobierno.
Calificó como una «joya», la instrucción sobre que la defensa de la exfuncionaria federal tiene como fecha límite el 16 de agosto (el próximo viernes) para presentar la copia certificada del acta de entrega recepción que hizo cuando fue sucedida al frente de Sedesol por José Antonio Meade, e instó al Ministerio Público a evaluar si lo acusa de los mismos cargos que existen contra Robles Berlanga.

Asimismo, pidió a la FGR que deberá aclarar si el expresidente Enrique Peña Nieto tuvo conocimiento o no de las irregularidades que se registraron en los convenios de la Sedesol y la Sedatu, y aclarar si hizo algo o no para repararlos.

«Que bueno que vino a dar la cara (Rosario Robles) lamentablemente vino mucho tiempo después de habernos visto la cara a todos los mexicanos», dijo el fiscal Manuel Granados Quiroz durante su argumento para solicitar al juez la prisión preventiva justificada como medida cautelar para Robles Berlanga.
Prácticamente desde las 4 de la madrugada, ya del martes, cuando el juez inició la argumentación previa para dar a conocer si vincularía o no a proceso a Rosario Robles, la hija de ésta, Mariana Moguel Robles se quedó dormida. Lo cual está prohibido en la diligencia y es motivo para que los agentes federales que custodian saquen de la sala a quien incurra en ello. No sucedió.

Se trataba del momento crucial en la audiencia de su madre, y Mariana Moguel, quien se desempeñó como presidenta del PRI en la ciudad de México, dormía.
Cuando Rosario Robles escuchó al juez que la sometería a juicio y para tratar de evitar la prision, con rostro cansado después de 12 horas de audiencia, aún con su vestido blanco y pañoleta roja al cuello, se dirigió al juzgador y dijo:

“Vivo en la misma casa desde hace 24 años, he trabajado toda mi vida en la administración pública…No tengo un patrimonio para sustraerme. No viví en Canadá y regresé a México impunemente. No tengo recursos para evadirme…».

Su voz se quebró levemente, algo que no había ocurrido en toda la audiencia, y retomó la palabra:

“Jamás podría imponer autoridad, que ya no tengo, sobre exfuncionarios públicos que estuvieron a mi cargo..Soy una mujer de paz, he luchado contra la violencia, he luchado por la paz. No existe razón para imponerme la prisión preventiva justificada como medida cautelar”, el juez la escuchó, pero no le creyó.
Es así como después de 12 horas de audiencia, en la que la defensa de Rosario Robles buscó deslindar las imputaciones hechas por la FGR, el juez desestimó las pruebas ofrecidas al señalar que las irregularidades se cometieron con la omisión y el dolo directo por parte de Rosario Robles, quien pese a haber sido advertida de las irregularidades que podrían y que finalmente causaron un daño al patrimonio de la Sedesol y la Sedatu, durante el tiempo que ella encabezó dichas instituciones, se siguió cometiendo de manera reiterada.

El impartidor de justicia le dio un plazo de dos meses a la FGR para la conclusión de la investigación complementaria y, en caso de necesitar más tiempo, podrá solicitarlo.