La directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Látina y El Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurris, advirtió que la recesión económica que dejará el COVID-19, podría ser un factor para el incremento de la maternidad o gestación subrogada, pues muchas jóvenes en situación de pobreza, pueden verse captadas en esta forma de explotación.
Durante su participación en el conversatorio “La Trata de Personas en México en tiempos de pandemia” que organizó la “Red Rahamim México” y “Talitha Kum”, realizado a propósito del Día Mundial contra la trata de personas que se conmemoró el pasado 31 de julio, la defensora lamentó la normalización de la práctica de los vientres de alquiler y la indiferencia de las autoridades. “Esta acción es conocida como maternidad o gestación subrogada, por la que una mujer gesta un hijo para su pareja u otra persona a cambio de un pago, para sí, o para una tercera persona que explota a la mujer”, explicó.
Ulloa Ziáurriz, calificó como “preocupante” la cantidad de solicitudes de iniciativas de ley que existen en el Congreso de la Unión y en el de la CDMX para legalizar el alquiler de vientres, pues de avanzar, dijo, iniciaría una promoción de “turismo reproductivo”, y ejemplificó que en España circuló un artículo que señala a México, después de Ucrania, como el nuevo destino de los vientres de alquiler.
Remarcó la inacción de las autoridades ante la maternidad subrogada ya que hasta en redes sociales se promueve, y recordó que el mes pasado en Twitter, una empresa ofrecía opciones de gestación subrogada en Cancún.
“Mientras inicias tu proceso puedes relajarte en este hermoso lugar con clima tropical”, señalaba el anuncio, y detalló que cuando se metió a la cuenta decía que era de Sinaloa, estado donde al igual que Tabasco, la gestación subrogada es legal, solo que en Tabasco hicieron una modificación a la ley especificando que las parejas extranjeras no podían contratar “los servicios”.
Es preocupante, insistió, que la práctica del alquiler de vientres crezca tanto en la CDMX como en otras entidades del país, con la recesión económica que nos amenaza en la post pandemia del COVID.
Las autoridades no investigan otros tipos de trata de personas
Por su parte, el coordinador de la “Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas” del ITAM, Héctor Salvador, denunció en el mismo conversatorio, la disparidad que existe en las cifras de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, y la trata de personas de explotación laboral y explotación biológica (refiriéndose al alquiler de vientres).
Lamentó la falta de investigación proactiva de parte de las instituciones y que en el imaginario colectivo la trata esté asociada solo con prostitución. “Cómo es posible que las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, identifiquen muy pocos casos en México, de trabajos y mendicidad forzada, practicas análogas a la esclavitud, trabajos serviles, explotación laboral a grande escala, en la minería, en la industria agrícola, y ya no digamos con casos de explotación biológica, que son acciones ilegales”.
El especialista explicó que analizando las propias cifras de la FGR, del total de denuncias que se reciben por trata de personas, 15 por ciento llegan esta instancia y el resto es de 9 fiscalías estatales, “ese número me parece elevado en cuanto a la realidad nacional, es decir somos señalados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como un país, de origen, tránsito y destino, además somos el segundo país a nivel mundial de este fenómeno criminal, y solo en 9 Fiscalías se concentra -de las 32 entidades del país-, el grueso de trata de personas”, cuestionó.
“Eso no significa que no haya trata de personas, no, eso significa que en el resto, en 23 estados no se está identificando el fenómeno y no está siendo atendido. ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿dónde están? ¿quién las atiende? no se sabe. En esas 9 entidades han dado pasos en el combate de este delito, y en las otras entidades teniendo la posibilidad por lo menos estadística de mostrar que existen estas situaciones no lo hacen, por lo tanto son prácticas invisibilizadas desde las instituciones”, concluyó.
