Tras las movilización de pescadores ribereños y de altamar de la región noroeste de México, que abarca el Mar de Cortés, AMLO ordena dejar sin efecto una supuesta área natural protegida que en realidad serviría para megaproyectos turísticos y hoteleros, impulsado por el grupo Salinas.

Pescadores explican que es un plan simulado para favorecer a grupo empresarial, “destinada a la construcción de megaproyectos turísticos y hoteleros en el Mar de Cortés, con la amenaza latente de desaparecer la pesca artesanal e industrial y el cierre de empleos que dan el sustento a alrededor de 200 mil familias”.

Los manifestantes argumentan que se trata de un plan simulador que esconde proyectos privados para construir infraestructura hotelera y facilitar el arribo de lujosos cruceros, donde una organización llamada Coalición por la Defensa de los Mares de México (Codemar) ha desatado una guerra mediática sustentada en la depredación de los ecosistemas marinos en que incurren pescadores y armadores; según publicó el semanario Río Doce, de Sinaloa.

El viernes pasado, López Obrador fijó su postura en torno a esta gigantesca Área Natural Protegida y ordenó suspender el proyecto que pretende cambiar la vocación pesquera de esta zona marítima.

Se detalla que el Gobierno de López Obrador analizará junto con el sector pesquero ribereño y de altamar en el litoral del Golfo de California, una propuesta conjunta de pesca responsable que garantice compatibilidad con los ecosistemas marinos y estuarinos en esta región.

Villalobos destacó que el Presidente electo giró instrucciones al coordinador de Asesores de su gabinete, Alfonso Romo, para que oficialice la postura de detener este decreto y se analice con bases técnicas y científicas, y con criterios racionales que pongan en el centro de las decisiones el sustento de miles de familias que viven de la actividad pesquera en el litoral del Mar de Cortés.

El dirigente de la Asociación de Armadores del Litoral del Pacífico, Ricardo Michel Luna, presentó un documento firmado por 53 líderes representantes del sector pesquero ribereño y de altamar en los estados de Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California Norte y Sur y Oaxaca, donde se oponen al decreto.

El “decreto sirve para favorecer intereses de un grupo de empresarios que se escudan en la Coalición por la Defensa de los Mares de México, financiada por el Grupo Salinas”, señaló Luna.

CODEMAR aparece como un organismo integrado por representantes de la sociedad civil, la iniciativa privada, autoridades y académicos —encabezados por Beta Diversidad A.C.—, que se unen en una coalición “apartidista” y sin fines de lucro, con el objetivo en común de proteger la riqueza natural de los ecosistemas marinos nacionales.

Para imponer sus criterios, dijo, los empresarios a través de la CODEMAR simulan una consulta pública entre las comunidades costeras, informando a los pescadores ribereños que no tienen otra opción que abrir los espacios de pesca a las inversiones en hoteles de lujo y arribo de cruceros con el argumento de que les mejorará su economía.

Michel Luna señala que la CODEMAR tomó como argumento la depredación que hacen las embarcaciones camaroneras, sardineras o de otras especies marinas para asegurar que hay sobreexplotación de los recursos marinos en este golfo, considerado el Acuario Natural más grande del mundo por la gran biodiversidad que registra.

Los pescadores explicaron que “con la información de Fundar, donde se asegura que las 181 áreas naturales protegidas por la Federación quedaron desatendidas en sus programas de vigilancia, monitoreo y protección, tras recortarles drásticamente el subsidio”.