En los 29 años transcurridos desde la fundación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, jamás un presidente de la República se había negado recibir y escuchar el informe anual de actividades del ómbudsman.
Andrés Manuel López Obrador se convirtió ayer en el primero.
Defensores de derechos humanos consideraron “preocupante” y “desalentador” que el jefe del Ejecutivo se negara a escuchar lo que la Comisión tiene que decirle sobre la situación de los derechos humanos en México, y la manera en que las autoridades los han violentado, y los siguen violentando.
El informe 2019 de Luis Raúl González Pérez es completamente alarmante. A la cadena histórica de violaciones, a las vulneraciones de siempre en materia de acceso a la salud, la seguridad, la justicia y la educación, la CNDH agregó su preocupación por algunas decisiones adoptadas por el nuevo gobierno. Decisiones que podrían resultar violatorias de los derechos humanos. Entre ellas:
“La falta de apoyo a las estancias infantiles y refugios, a las instancias encargadas de la atención de las personas con discapacidad, así como la descalificación de las organizaciones de la sociedad civil, de grupos de periodistas y comunicadores”, así como la emisión de discursos que polarizan o dividen a las personas.
Para la Comisión, 2018 fue un año crítico para los derechos humanos, el reclamo y la necesidad de justicia, la reparación de las víctimas y de la sociedad. Ese año el organismo recibió 158 mil 960 quejas.
De acuerdo con el informe, en 2018 prevalecieron la desaparición de personas, la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y el abuso de los migrantes, las fosas clandestinas, la violencia de género, la trata de personas, los ataques y homicidios contra periodistas y defensores de derechos humanos. Autoridades militares y civiles siguieron vulnerando los derechos de la gente.
En lo que va de 2019, señala el documento, el panorama no ha resultado favorable en ninguno de estos rubros: siguieron los homicidios, la diversificación del crimen organizado, la violencia feminicida, las muertes de periodistas, los casos de linchamiento, las agresiones y asesinatos en contra de policías y miembros de las fuerzas armadas.
La Comisión considera que esta situación no se podrá revertir sin “una estrategia real” que “priorice la prevención y no se limite al replanteamiento de un cuerpo eminentemente reactivo como la Guardia Nacional” que “solo puede implicar disuasión o contención, con efectos limitados y de corto plazo”.
El Informe Anual de Labores, que hace énfasis en la crisis que atraviesa el sector salud por falta de recursos presupuestales, materiales y de personal, le recuerda al Ejecutivo que el combate a la corrupción y la reasignación de recursos “no puede implicar que se suspenda o se ponga en riesgo la atención que es debida a los pacientes, así como el acceso a los tratamientos y medicinas a los que tengan derecho”.
Debilitar o volver inoperantes los sistemas públicos de salud, implican una violación a los derechos humanos: el Estado no puede dañar con acciones u omisiones la salud de las personas, indica el documento.
Con información del eluniversal.com.mx
