Organizaciones sociales y sindicatos anunciaron un boicot contra la empresa Driscolls, la cual comercializa en México y Estados Unidos el 99 por ciento de la fresa, frambuesa, zarzamora, arándano y todos los berrys que se producen en el país, hasta que negocie mejores condiciones laborales y sanitarias para los jornaleros de San Quintín, en Ensenada Baja California.

Max Correa, líder nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), informó que durante el boicot, que iniciará el próximo 16 de agosto en distintas ciudades de México y EU, informarán frente a los anaqueles donde se expenden productos de la marca Driscolls, “las condiciones infrahumanas en las que alrededor de 250 mil jornaleros temporales realizan su trabajo”.

Detalló que el propósito del boicot es hacer conciencia en los consumidores para que no compren productos de Driscolls, “porque en cada fresa hay explotación de hombres, mujeres y niños en los campos agrícolas de San Quintín, hasta que negocie condiciones laborales adecuadas para los jornaleros agrícolas y los auténticos pequeños productores de todos los berrys”.

Tras señalar que las ganancias anuales de la transnacional, que tiene su sede en el estado fronterizo de California, alcanzan los mil millones de dólares anuales, los trabajadores agrícolas, en su mayoría indígenas y campesinos provenientes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Tabasco, obtienen entre 100 y 150 pesos por día por jornadas laborales de 12 horas.

“La exportación de Berrys es un extraordinario negocio para los empresarios, actualmente muchos de ellos son funcionarios del Gobierno de Baja California, sin embargo las condiciones de los contratos que enfrentan los jornaleros agrícolas no cumplen por mucho lo que establece la Ley laboral de México y los Derechos Humanos”.

En este sentido, explicó que la relación laboral que los jornaleros tienen con las empresas productoras de manera directa es difícil de comprobar con el marco jurídico laboral del país, debido a que es un trabajo temporal, extenuante y que requiere mano de obra especializada.

“Si bien los jornaleros ya conformamos su sindicato, no cuentan con un contrato colectivo por ser un trabajo temporal, de ahí la necesidad de seguir la misma estrategia que utilizó el líder campesino Julio César Chávez, donde los sindicatos de jornaleros negocien de manera directa con las comercializadoras, y no con las empresas contratantes.

Entre las demandas de los jornaleros de San Quintín se encuentra la de incrementar a 300 pesos la jornada de trabajo.

La Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, el Sindicato Nacional Democrático Independiente de Trabajadores Agrícolas de San Quintín, la Central Campesina Cardenista, y organizaciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), son algunas de las entres sociales que participarán en el boicot.