Pese a contar con documentos que los avalan como dueños de la propiedad, personal de la arquidiócesis de Antequera, intentan desalojar a Noemí Velasco Ortiz y a su esposo, Javier Aguayo y Camargo, quienes habitan la vivienda ubicada en la calle Porfirio Díaz número 112, a un costado del templo del Carmen Bajo.

“Ya tienen en su poder todos los documentos que señalan que soy la única dueña de este predio, que tengo mi predial, tengo el registro público de la propiedad, hay documentos en donde ellos indican que este predio no es de la iglesia y está firmado por el sacerdote Romualdo Francisco Mayrén Peláez”, señaló Velasco Ortiz.

Ante la mirada de elementos de policías y de los representantes de la Iglesia, explicaron a los medios de comunicación que todas las autoridades a las que han presentado sus quejas les han dado la razón.

Existió una demanda por parte de los quejosos, en donde las carpetas ya fueron cerradas, ya que no se encontró ningún delito que perseguir, afirmaron.

“Estas personas nos están hostigando, ya mandaron traer a la Policía Federal y Estatal; cómo es posible que yo, una ciudadana honesta y que he trabajado toda mi vida, me obliguen a conducirme que si hiciera algo indebido”, dijo la dueña del predio al no poder salir de su vivienda.

Noemí Velasco recordó que anteriormente las personas que intentan despojarla de su patrimonio, hicieron una entrada a la fuerza, fue cuando los detuvieron con lujo de violencia y la esposaron, exponiendo su integridad y la de su familia.

“Mi llamado es para el señor gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, en virtud de que la Fiscalía ha sido omisa para que esta gente no continúe hostigándonos, porque no tienen ningún derecho”, exige.

Por su parte, Javier Aguayo y Camargo dijo que los quieren despojar del inmueble indebidamente, mismo que fue adquirido de forma legal, lo que siempre han probado.

“El apoderado de la iglesia, señaló que yo había causado daños, rompiendo cadenas y candados y otros enseres y tiene la desfachatez de sonreír ante nuestras declaraciones”, refiriéndose al abogado de la iglesia que mostraba una sonrisa ante sus acusaciones.

Aguayo Camargo explicó que las cadenas fueron destruidas por un actuario, quien fue nombrado por una juez para que nos diera posesión del lugar y así lo hizo.