Mientras las autoridades de la Ciudad de México insisten en que existe una política pública en la capital para atender la situación de violencia contra las mujeres, organizaciones civiles señalan que la realidad que viven las familias de víctimas de feminicidio es distinta pues se enfrentan a trabas burocráticas, revictimización e injusticia, por lo que sí se necesita una Alerta de Violencia de Género.

A días de que el Grupo de Trabajo entregue el informe sobre la situación de violencia de género en la Ciudad el cual deberá contener las acciones que el gobierno capitalino debe implementar en 6 meses para hacerle frente a este tema, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza, dijo en entrevista con esta agencia que es lógico que las autoridades aleguen sobre la posibilidad de poner en Alerta de Género a la Ciudad, pues no conocen la experiencia de las familias de víctimas de feminicidio en su andar por justicia.

“Nosotras acompañamos casos, vemos la ruta que realizan, la falta de acceso a la justicia, cómo está aumentando el tema de desaparición de niñas, desde la visión de las víctimas se ve un problema muy grave, pero la autoridad no lo mira así porque no es lo mismo atravesar ese viacrucis que estar en el gobierno”, comparó.

Las cifras también dan cuenta de este contexto: en menos de un año, de noviembre de 2016 a junio de 2017 la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) registró 101 casos de feminicidio, mientras que de 2015 a diciembre de 2016, reportó la desaparición de dos mil 494 mujeres, de las cuales quedan por localizar al 26 por ciento (644 en total).

Cabe recordar que la Alerta de Violencia de Género (AVG) fue, solicitada por el Observatorio junto con otras tres organizaciones civiles el pasado 7 de septiembre, lo que ha desatado algunas reacciones que afirman que en la capital no se necesita este mecanismo pues cuenta con las políticas públicas para atender la violencia de género, además, los asesinatos de mujeres “están por debajo de la media nacional”, afirmó la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, en una conferencia de prensa.

Sobre estas posturas Estrada recordó que el Grupo de Trabajo -un equipo autónomo de personas expertas en género- son las encargadas de aseverar si la capital del país requiere o no decretar la Alerta.

EL GOBIERNO SE ADELANTA…

El gobierno capitalino también informó de la actualización del “Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio”. Cuestionada al respecto, María de la Luz Estrada dijo que las integrantes del Observatorio estuvieron de acuerdo con las reformas, pero en todo momento cuestionaron a las autoridades sobre su aplicación, “¿de qué me sirve tener un protocolo si el día de los hechos no se aplica?”, objetó Estrada.

Por ello recordó que el principal motivo de la AVG para la CDMX fueron las negligencias y omisiones con la que actúan las autoridades ministeriales y jueces frente a los casos de feminicidio, no la falta de instrumentos legales con los que cuenta para actuar.

“No están resguardando la cadena de custodia, no están enviado los casos de muertes violentas a la Fiscalía especial, no están protegiendo a las mujeres que denuncian violencia familiar. El protocolo no va a servir  si no se realiza un mecanismo de vigilancia para saber cómo lo aplican”, señaló Estrada Mendoza.

Los únicos que sufren en estas faltas y letargos son las familias de las víctimas, enfatizó la coordinadora del Observatorio e invitó a las autoridades “a sentarse con las organizaciones a revisar los casos de feminicidio, para que de viva voz pueda darse cuenta de la magnitud del problema”.

Otra de las medidas que anunció el gobierno de la Ciudad fue la creación de un sistema de información de las denuncias de violencia de género, y la conformación de una Comisión local de Atención a Víctimas, la cual contará con un presupuesto de 50 millones de pesos.

Asimismo Luz Estrada refirió que pese a que se avecina el próximo proceso electoral para elegir a la jefatura de gobierno, las organizaciones civiles vigilarán que el gobierno cumpla con las recomendaciones emitidas en el informe: “nuestro único objetivo es salvaguardar la vida de las mujeres”, dijo.