Para prevenir triangulación de recursos en procesos electorales, a través de adquisiciones y obra pública en dependencias de gobierno, el Grupo Parlamentario de Morena propuso una iniciativa para modificar la Ley de Contratación Pública del Estado de México y que sean los titulares de las dependencias los que firmen los contratos, pues hoy se deja a mandos medios.

El diputado Margarito González Morales, refirió que la normatividad vigente que rige el proceso de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes, la contratación de servicios de cualquier naturaleza, no ha sido suficiente para contener irregularidades en el ejercicio de funciones públicas, que atenta en contra de la correcta función pública.

El peso presupuestal 2019 del Gasto Público vía adquisiciones y obra pública directa del Gobierno del Estado, sin considerar el gasto correspondiente en la totalidad de los municipios, asciende al 12 por ciento del total. Del cual, 4.25 por ciento es para adquisiciones en materiales y suministro; servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles; y 7.75 por ciento en inversión de obra pública.

En el pleno de la 60 Legislatura, el morenista refirió que la toma de decisiones en estos rubros normalmente se ubica al nivel de los titulares de las dependencias, sin embargo, el despacho y la responsabilidad del proceso de contratación queda al nivel operativo y de mandos medios.

“Este vacío de responsabilidad ha generado y permitido en diversos niveles de gobierno, prácticas de corrupción ampliamente conocidas como la triangulación de recursos, principalmente cuando se avecinan procesos electorales”, dijo González Morales.

En base a algunas auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el año 2015 en la Cuenta Pública del 2013, se detectó el desvío de recursos públicos por la subcontratación piramidal y la triangulación de recursos, en adquisiciones realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En la Cuenta Pública 2017, es el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), se detectó que se infringió todo el marco normativo de licitación de obra pública y que, de las obras fiscalizadas, se incluyeron cantidades monetarias de obras pagadas y no ejecutadas. Se identificó también la inadecuada evaluación de las propuestas técnicas y económicas, presentadas por las Empresas Contratistas.

Margarito González refirió que del total de observaciones y recomendaciones de la Cuenta Pública 2017, presentadas por el OSFEM, destaca el incumplimiento al marco normativo del proceso de licitación Pública, por una parte, y por otra la ausencia de un nivel de responsabilidad institucional respecto al proceso mismo.

La propuesta de Morena pretende prevenir e inhibir actos ilícitos en los procesos de licitaciones y adquisiciones, que realiza la Administración de Gobierno del Estado de México y definir con claridad la responsabilidad del Titular en cada Ramo de la Administración Pública del Gobierno del Estado.

El proyecto reforma la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, para que los contratos de adquisiciones de bienes o servicios se hagan en los 10 días hábiles siguientes al fallo, que se utilice firma electrónica.

Adicionalmente establece que la adjudicación de la obra o servicios relacionados con la misma obligará al titular de la dependencia, entidad o ayuntamiento, a suscribir el contrato respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del fallo.