El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y Sida (Censida) analiza cómo ejercer los más de 116 millones de pesos que tenían contemplados destinar a las organizaciones civiles y así no perder el trabajo que realizaban en la prevención y atención de ésta y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).
Durante el foro “El quehacer de las organizaciones de la sociedad civil en la atención y prevención del VIH-Sida” realizado la tarde de ayer en el Instituto Belisario Domínguez, el director de Prevención y Participación Social del Censida, Francisco Javier Arellano, indicó que toda vez que la circular número uno del presidente de la República les impide continuar con la convocatoria a través de la cual asignaban recursos a las organizaciones civiles, analizan fortalecer los programas estatales para la prevención y atención de personas que viven con VIH.
El pasado 14 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al personal de su gabinete no transferir recursos públicos a las agrupaciones de la sociedad civil, entonces la Secretaría de Salud suspendió diversos procesos de financiamiento a programas que operan agrupaciones civiles, tales como la convocatoria de subsidios que lazaba Censida para las organizaciones dedicadas a la prevención y atención del VIH.
Durante el conversatorio agrupaciones civiles, el Oficial de VIH/Sida del Fondo de Población de Naciones Unidas en México y senadoras y senadores del grupo parlamentario del Partido Institucional Revolucionario (PRI) coincidieron que la cancelación de la convocatoria tendría un efecto negativo sobre todo por las personas con VIH que no podrán ser identificadas de manera oportuna o recibir el acompañamiento que dan las organizaciones civiles, asimismo en grupos en situación de vulnerabilidad a la que el Estado no alcanza a dar servicios.
Por ello, legisladores y legisladoras del PRI informaron que este 9 de abril presentarán en el Senado de la República un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a seguir con la convocatoria del Censida, informó la senadora Sylvana Beltrones durante su participación la tarde de ayer en el conversatorio.
La senadora hizo énfasis en la atención que dan las organizaciones civiles a mujeres que viven con VIH, sobre todo en los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, donde se concentra el mayor porcentaje de portadoras del virus. Según datos del Censida en junio de 2018 registraron a 141 mil personas con VIH, de estas 26 mil son mujeres.
Sobre las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil para enfrentar la epidemia del VIH, el integrante de Censida reconoció la labor que realizan en la prestación de servicios a las poblaciones más desfavorecidas, el grado de especialización que han desarrollado y los esfuerzos por colocar en la agenda política un tema primordial como es la atención a este sector.
Javier Arrellano refirió que el recurso que se tenía previsto para las organizaciones civiles, cuyo monto asciende este año a 116 millones 525 mil 102 pesos, está disponible por lo que analizan destinarlo a las secretarías estatales para fortalecer los programas de atención al VIH y de alguna manera garantizar la participación del sociedad civil y la Academia.
Este no es el único llamado que se ha hecho desde el Senado al presidente para considerar su decisión respecto al apoyo a las organizaciones civiles en erradicación del VIH, también la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro, presentó un punto de acuerdo con la misma intención.
Sólo el año pasado la convocatoria de Censida benefició a 98 organizaciones de la sociedad civil para apoyar 123 proyectos, relacionados con el fortalecimiento de centros comunitarios para la detección del VIH, sífilis y otras ITS, intervención integral, prevención de la transmisión vertical del VIH y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con VIH.
