El gobernador del norteño estado mexicano de Chihuahua, Javier Corral, denunció hoy supuestas represalias financieras del Gobierno federal contra su administración, algo que negó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien defendió que su Ejecutivo no hace diferencias entre estados.
Estas represalias serían la consecuencia al destape que hizo el Gobierno de Chihuahua de un caso de corrupción en el que estaría implicado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto, alegó el gobernador, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), en rueda de prensa en Ciudad de México.
“Se pretende imponer al pueblo de Chihuahua una represalia económica desde el Gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y que nos fue notificada directamente por el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya”, señaló.
Aseguró que “los recursos (que recibiría el Gobierno estatal) para el saneamiento financiero convenidos (con el Gobierno federal) en diciembre no fueron radicados durante ese mes, como se establece en el convenio que tenemos firmado”.
Tras estas acusaciones, Peña Nieto negó la veracidad de las palabras del gobernador en un encuentro con reporteros.
“El Gobierno de la República se ha conducido con una vocación y sentido democrático de apoyar y de coordinarse con todos los gobiernos sin importar su origen partidario”, indicó.
Asimismo, señaló que el Gobierno federal no advierte diferencias en el trato con las administraciones estatales y retó al Gobierno de Chihuahua a que sus acusaciones “se diriman ante las instancias que eventualmente deban dirimir cualquier diferencia”.
El Gobierno de Chihuahua destapó el pasado 20 de diciembre un caso de corrupción que involucra al ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien está acusado de desviar 250 millones de pesos (13 millones de dólares) de recursos públicos a las campañas de su partido.
Al respecto, Corral dijo que un juez de Chihuahua ordenó ese día la prisión preventiva para Gutiérrez por el delito de peculado agravado.
Lo anterior, añadió, “por su participación en un elaborado esquema de simulación de contratos de prestación de servicios profesionales, que nunca se realizaron, y que permitió la sustracción de recursos públicos de los chihuahuenses para emplearse con fines partidistas”.
Por esta razón, el exdirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones solicitó el 5 de enero a un juez de dicho estado un amparo para evitar ser arrestado.
“No vamos a negociar esta investigación, ni por 700 millones, ni por todo el presupuesto de Chihuahua”, señaló Corral respecto a las represalias financieras y el caso de corrupción, por el cual la justicia de Chihuahua ya ha girado 10 órdenes de aprensión contra su antecesor, César Duarte, del PRI, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió este mismo lunes un comunicado en que aseguró que todos los recursos que por ley corresponden a las entidades federativas “son transferidos en tiempo y forma con mecanismos transparentes” por el Gobierno federal.
Refirió que durante 2017, en el ramo de participaciones federales, que son recursos de libre disposición, Chihuahua recibió 23,4 millones de pesos (1,2 millones de dólares), así como 19,7 millones de pesos (un millón de dólares) para salud, educación y seguridad, entre otros rubros.
