Tan sólo entre 2010 -año en que inició la actual administración- y 2014, diversas organizaciones civiles documentaron 727 feminicidios
Cuando el gobernador chihuahuense César Duarte Jáquez, sufrió un accidente en helicóptero, las redes se inundaron de memes y mofas de todo tipo en su contra, hubo algunos que incluso lamentaron que no pasó del susto. La reacción de las redes, casi siempre visceral, en este caso respondió al descontento generado por otra administración que no pudo reducir significativamente la violencia y se cubrió de escándalos financieros.
Marcados desde hace décadas por la crisis de feminicidios en Ciudad Juárez, las autoridades del estado fronterizo no han podido todavía hacer frente de forma eficaz al fenómeno criminal. En los últimos años, la inseguridad de sitios como Ecatepec en el Estado de México, le quitaron reflectores nacionales e internacionales, pero no por ello la violencia se redujo.
Tan sólo entre 2010 -año en que inició la actual administración- y 2014, diversas organizaciones civiles documentaron 727 feminicidios. Es decir, al mes fueron asesinadas en promedio 15 mujeres. No obstante, en marzo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instó al congreso local a modificar su tipificación del delito acorde a los estándares internacionales, a fin de que no cualquier asesinato de mujeres fuese calificado como feminicidio.
Elecciones
Con este panorama lleno de incertidumbre, son seis los candidatos que buscarán reemplazar a Duarte, durante un periodo que servirá para ajustarse a los ciclos electorales de todo el país, por lo que sólo durará cinco años. Los que compiten son: Javier Corral del PAN y Enrique Serrano Escobar de la coalición formada por PRI, PVEM, Nueva Alianza y PT. Aunque en la lista también aparecen Jaime Beltrán del Río por el PRD, Cruz Pérez Cuellar representando a Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Félix Muñoz de Morena y José Luis Barraza como independiente, quien sorpresivamente aparece en el tercer lugar de las preferencias.
Además de elegir al titular del Ejecutivo Estatal, los chihuahuenses deberían votar por presidente municipal y regidores en 67 ayuntamientos y mismo número de síndicos. Además, se renovará la plantilla del Congreso local, de las 33 curules, 22 serán por mayoría relativa y 11 por representación nominal. Cabe resaltar que los diputados electos sólo participarán por 10 meses, aunque se podrán reelegir durante el siguiente periodo.
Inseguridad
En materia de seguridad pública, los números son generosos con Duarte, aunque no acorde a la gran percepción de inseguridad que tienen sus habitantes: más del 50 por ciento entre las primeras 10 preocupaciones. Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que en 2010 se registraron 32 mil 860 delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, homicidio doloso y robo de vehículo con o sin violencia de por medio.
Para el año siguiente, la tendencia iría a la baja pues tras bajar a 24 mil 871 crímenes de este tipo, en 2012 serían 15 mil 648. A mitad del periodo se mantuvo la tendencia decreciente, con 11 mil 145; 2014 cerró con 7 mil 345, mientras que el año pasado hubo un total de 5 mil 569. Hasta abril de este año, el Secretariado apuntaba mil 510.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), por medio de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) apunta que entre 2010 y 2014, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, se redujo casi a la mitad, al pasar de 41 mil 903 hasta 24 mil 295, aunque en 2012 hubo un ligero repunte al subir de 30 mil 562 a 35 mil 952.
Respecto a la tasa de víctimas, la ENVIPE 2015 muestra indicadores parecidos, ya que pasaron de 35 mil 828 en 2010, a 22 mil 395 en 2014, igualmente con una pequeña escalada en 2012, cuando acumularon 32 mil 567.
Política
En toda la historia del estado, sólo hubo alternancia entre 1992 y 1998, cuando el panista Francisco Barrio Terrazas logró vencer la hegemonía priísta. Duarte es el tercer mandatario al hilo del tricolor desde entonces y dejará el puesto en medio de acusaciones por peculado, abuso de sus funciones y facultades, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito.
Estos señalamientos se encendieron luego de que el gobernador comprara parte del Banco Unión Progreso. La polémica se avivó en marzo de 2015, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) anunciará que la deuda pública era de 41 mil 926.6 millones de pesos (mdp), la tercera más grande a nivel nacional, sólo detrás de la Ciudad de México y Nuevo León. Lo que más llama la atención es que, con el actual gobierno, ésta se incrementó en 29 mil 379.6 mdp.
Aunque la demanda penal en su contra fue interpuesta en noviembre de 2014, e incluso fue investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), él mismo afirmó en abril que el recurso legal estaba agotado tras “comprobar” el origen de sus recursos, por lo que desde ya, es compromiso de quien lo suceda en el cargo investigarlo a fondo y actuar conforme a la ley, sin importar el partido que los respalde.
