La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley General de Salud por considerarla contraria a la protección de los derechos fundamentales.

Argumentó que la adición al artículo 10 BIS de la ley, en los términos en que fue publicada, abre la posibilidad a que se afecten derechos fundamentales como la salud, integridad personal, seguridad jurídica, a la vida, libertades sexuales y reproductivas, derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos, y derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La CNDH indicó que “el legislador federal ordinario no tiene la posibilidad de establecer restricciones a derechos constitucionales de forma que afecte el contenido esencial de un derecho fundamental como la protección de la salud”.

Agregó que no se opone a una regulación del ejercicio de la objeción de conciencia, pero que la regulación debe ser dentro del estricto respeto al marco constitucional y convencional existente, para que se garantice plenamente el respeto y la protección de los derechos fundamentales.

Con ello, la CNDH busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre la constitucionalidad de la norma.