Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de lo 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 31 meses, alertó que “se agotan los caminos institucionales” para dar respuesta a las demandas de verdad y justicia de los familiares de las víctimas.
Al término de la reunión con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, así como los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa y Miguel Ruiz Cabañas, respectivamente, el litigante puntualizó que hay “nulos avances” en las investigaciones del caso, además de que, desde abril del año pasado “no ha habido mayores diligencias”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan señaló que ante “estas omisiones y dilaciones, la institucionalidad se va a agotando” y advirtió que no les están dejando otro camino que el que hecho de que la movilización de los padres “adquiera mayor protagonismo”.
Rosales Sierra confirmó que el plantón frente a la PGR continuará hasta que los abogados sean llamados por funcionarios de la dependencia para reportar avances sobre la consignación y detención de policías de Huitzuco y federales, el inicio de líneas de investigación hacia los militares del 27 Batallón de Infantería, el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaki Blanco, así como un reporte de avances del análisis de más de mil teléfonos celulares.
Y es que, dijo, la actitud de omisiones y dilaciones en la investigación “está acotando el papel de la coadyuvancia a revisar el expediente y recibir las notificaciones correspondientes”.
El defensor aseguró que durante el encuentro de este jueves ninguna autoridad pudo dar alguna “explicación jurídica o política” por el retraso en las actuaciones.
Peor aún, agregó, el procurador Raúl Cervantes se mostró “ambiguo” ante la exigencia de fijar una postura pública de reconocimiento a las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de que hay líneas de investigación abiertas y que “ningún funcionario de la República puede salir a hablar de verdades establecidas”; ello, ante la posición del gobierno mexicano que llevó el subsecretario Roberto Campa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de reconocer como válida la “verdad histórica”.
Vidulfo Rosales lamentó que el titular de la PGR se haya resistido a pronunciarse en torno a las declaraciones hechas ayer por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón de Lucio, hoy secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad, quien insistió en avalar la “verdad histórica” y señalar que “la investigación va a seguir exactamente igual”.
Cervantes Andrade se limitó a decir que “no puede coartar la derecho libertad de expresión”, según dijo Rosales, quien consideró que los dichos de Zerón no reflejan más que “se trata de una posición de Estado” y que el exfuncionario de la PGR está confiado en que no será castigado por las irregularidades cometidas en el caso.
