El asesinato de candidatos a diferentes puestos de elección, el crimen organizado y los conflictos políticos y sociales que se han registrado en los últimos meses, prendieron los focos rojos en las actuales campañas rumbo a las elecciones del 1 de julio, en 35 municipios de nueve estados, según han dado cuenta los partidos y las autoridades.

En Guerrero, al menos ocho municipios de la Zona Norte y de la Tierra Caliente son considerados como peligrosos por diversos aspirantes a puestos de elección popular, debido a los altos niveles de inseguridad; algunos candidatos han solicitado seguridad gubernamental.

Un caso reciente es el de Eusebio Echeverría, candidato del PRD a la presidencia municipal de Coyuca de Catalán, quien señaló que la situación quedó muy complicada después del asesinato de Abel Montúfar Mendoza, alcalde con licencia y candidato del PRI a una diputación local.

Asimismo, Omar Jalil Flores Majul, alcalde con licencia de Taxco y candidato priista a diputado local por el Distrito 21, se quejó de la grave inseguridad en los municipios de Tetipac y Pilcaya, lo cual ha complicado sus recorridos de campaña.

También el perredista Robell Urióstegui Patiño, alcalde con licencia de Teloloapan, candidato a diputado en el Distrito 20, señaló que no está realizando recorridos en los municipios de Acapetlahuaya e Ixcapuzalco debido a los problemas de inseguridad.

El pasado miércoles, los integrantes de la planilla completa del PRD para contender en la elección del ayuntamiento de Pedro Ascencio Alquisiras renunciaron a la posibilidad de competir por cuestiones de inseguridad, sin que presentaran sustituciones, afirmó Arturo Pacheco Bedolla, líder perredista.

La ola violenta en Chilapa tiene al municipio sin alcalde; el suplente, José Santos Valdivia, ya no quiere el cargo y pidió que una terna de vecinos decida quién va a gobernar. En dicho municipio se han dado agresiones contras aspirantes, principalmente del PRD.

La acción del crimen organizado contra la designación de candidatos también se ha presentado en el sur de Morelos, donde la semana pasada mataron a dos exalcades en Amacuzac.

Juan Carlos Martínez Terrazas, dirigente del PAN en Morelos, dijo hace unas semanas que grupos del crimen estaban lanzando amenazas contra precandidatos en la zona sur del estado.

El dirigente del PRD en Morelos, Matías Quiroz Medina, admitió que el crimen organizado lleva a cabo protestas en la entidad con el fin de amedrentar a los candidatos y confundir a la sociedad.

Aspirantes a puestos de elección popular aseveraron que el narco, principalmente de Los Rojos, está presionando o imponiendo a candidatos en nueve municipios: Jojutla, Puente de Ixtla, Amacuzac, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Miacatlán, Mazatepec, Tetecala y Coatlán del Río.

Con el plagio de María de Lourdes Torres Díaz, candidata del Partido del Trabajo a alcaldesa de Álvaro Obregón, Michoacán, suman cuatro los municipios donde las presiones y acciones contra candidatos han pasado a la violencia.

Otros dos son Múgica y La Huacana, donde al menos tres candidatos del Partido Verde se bajaron de la contienda por amenazas personales. Ernesto Núñez Aguilar, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), urgió a la gobernabilidad en la entidad. Otro municipio que enfrenta violencia política es Nahuatzen, donde un grupo de habitantes incendiaron la semana pasada una camioneta y propaganda de la candidata al Senado por la coalición Por Michoacán al Frente, Alma Mireya González.

Pascual Sigala Páez, secretario de Gobierno de Michoacán, aseveró que los hechos violentos en Nahuatzen tienen el sello del crimen organizado. En cinco municipios de Chiapas podrían impedir la instalación de casillas el 1 de julio. En tres han solicitado elegir autoridades mediante la práctica de usos y costumbres. Desde el 16 de mayo, unos mil 500 campesinos de los ejidos del municipio de Jiquipilas tomaron la alcaldía argumentando que su titular, Ana Laura Romero Basurto, del PVEM, no les cumplió con los recursos del Fonden; sólo les entregó 75% para reconstruir viviendas destruidas por el sismo del 7 de septiembre.

A la fecha, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana IEPC, en acuerdo con el INAH, ha autorizado llevar a cabo un estudio antropológico con el fin de que las autoridades municipales de Oxchuc sean elegidas mediante métodos tradicionales. Sin embargo, la población tzeltal, analiza la posibilidad de evitar la instalación de casillas para la elección a diputados federales, senador y a Presidente, ya que este punto no fue acordado ante el INE.

Otros municipios donde solicitaron elegir a sus autoridades municipales mediante usos y costumbres son Sitalá y Chilón, donde también están en riesgo las elecciones. En Belisario Domínguez, colindante con Santa María Chimalapa, Oaxaca, no instalarán casillas debido a la amenaza de la población oaxaqueña que reclama como suyo el territorio, pretextando la clave del INE, que les pertenece, para poder elegir autoridades municipales.

Otro municipio oaxaqueño en conflicto es San Dionisio del Mar, donde el INE informó que no ha podido entablar comunicación con los ciudadanos insaculados para fungir como funcionarios de casillas, porque la asamblea del pueblo no permitirá la instalación de casillas en esa localidad del Istmo de Tehuantepec. También en esa zona, Hernán de Mata Quinta, dirigente municipal del PT en Tehuantepec, fue acribillado en un acto público, apenas la tarde del 17 de mayo pasado.

En el actual proceso electoral, los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca, en el Estado de México, representan un foco rojo para los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional, pues han denunciado en repetidas ocasiones que militantes de Antorcha Popular (PRI) les impiden realizar campañas ahí.

Incluso, en abril de 2017 durante un acto de campaña de la entonces candidata a la gubernatura Delfina Gómez, durante la intervención de Andrés Manuel López Obrador, la energía eléctrica fue suspendida en Ixtapaluca, municipio gobernado por esta organización. Mientras que en Chimalhuacán, en ese mismo mes, Morena presentó una denuncia ante el IEEM por la violencia contra sus brigadistas en el municipio gobernado por antorchistas.

En Hidalgo, el municipio de Ixmiquilpan enfrenta amenazas por parte de 15 comunidades indígenas, que amagaron con impedir la elección del 1 de julio ante las agresiones de un grupo de sujetos a quienes acusaron de estar “protegidos” por el diputado local con licencia y candidato a diputado federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el distrito 02 de Hidalgo, Cipriano Charrez Pedraza.

Ganaderos del poblado de Huajimic, en La Yesca, Nayarit, aseguran que no permitirán que les quiten tierras heredadas y piden una indemnización justa por las mismas, ante lo cual han colocado barricadas en diferentes puntos para impedir la entrada de personal electoral y candidatos de partidos.

En tanto, en la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco, dicen estar dispuestos a todo para la restitución de las tierras. En el camino al municipio de Tuxpan de Bolaños, Jalisco, se ha colocado un bloqueo comunitario con lonas en las que señalan: “En esta comunidad no se permite la entrada a los partidos políticos”.

“Vamos a cerrar el paso de cualquier actor electoral: desde los capacitadores, regidores, suplentes, cualquier candidato no puede ingresar a la comunidad, el que se quedó adentro se quedó, también estamos dispuestos a no dar ni un voto a ningún partido, cero partidos, fuera partidos dentro de la comunidad”, explicó Felipe Serio Chino, presidente del Consejo de Vigilancia de la Comunidad de San Sebastián y Tuxpan. Este tipo de acciones afecta también al municipio de Mesquetic, Jalisco.

De acuerdo con J. Isabel Bautista, comisario de los Cerritos, este miércoles esperan una respuesta a su petición o de lo contrario determinarán qué otras acciones podrían emprender.