Su primera acción será enviar a la Secretaría de Gobernación casos representativos de esta técnica mexiquense.
Familiares de víctimas de construcción de delitos por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México, anunciaron la conformación de una coordinación que empezará a exigir a las instancias correspondientes la aplicación de manera correcta de las leyes, revisar los procesos jurídicos, respetar los derechos humanos y obtener la libertar de estos “presos inocentes”.
En conferencia de prensa, madres, padres y hermanos de estas víctimas denunciaron que la Fiscalía estatal emplea como método de investigación la tortura, detiene inocentes y fabrica delitos.
César Hernández Neri, profesor que acompaña a los familiares refirió que el poder judicial mexiquense “abusa de la prisión preventiva y convalida la violación sistemática del debido proceso y de los derechos humanos de los detenidos. Lo que impera en los aparatos de procuracion e imparticion de justicia son intereses políticos, económicos y de imagen pública de funcionarios”.
Héctor Michell Lemus González fue detenido y torturado el 8 de septiembre de 2014 por supuesta delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro, por lo que fue sentenciado a 35 años de prisión. Ya cumplió más de 4 años en el reclusorio Molino de las Flores, Texcoco. Su madre, Maribel González pide “al gobernador del Estado de México la libertad de mi hijo porque los delitos de los que se le acusan fueron fabricados”.
Ernesto Moranchel Zúñiga fue detenido sin ninguna orden de aprehensión por fuerzas policiales estatales, el 25 de diciembre de 2015. “Lo sacaron de dónde estaba durmiendo, lo golpearon 60 personas y estuvo desaparecido por dos días. El delito que le imputaron fue robo con violencia en casa habitación. Lo sentenciaron a 13 años 7 meses, lleva 3 años detenido”.
Jacobo López Piñón lleva en prisión 14 años. “Está acusado por homicidio pero a esa persona no la conocía mi hijo. Lo acusan sin pruebas y por 50 años en la cárcel. Lo que pido es que se revisen el caso de mi hijo, que se respete el debido proceso porque hubo violaciones a sus derechos humanos”, relata su padre, Alejandro López.
Raúl Palacios lleva 17 años 9 meses bajo el dedo de Aarón Urbina Bedolla. Está acusado por secuestro y condenado por 50 años, la supuesta víctima sería el yerno del actual diputado local, que al inicio del proceso consiguió una pena por 109 años. La familia de Raúl asegura que fue un autosecuestro y que su hermano no conocía a nadie de la familia Urbina.
Óscar Hernández Neri, ex preso político de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señaló que su objetivo es “visualizar esta problemática cruel: el sistema se está lavando las manos con inocentes. El método que utilizan es construir el delito y no respetar la presunción de inocencia”.
Advirtieron que llevarán nueve casos de construccion de delitos a la Secretaría de Gobernación, sin embargo también pidieron protección al gobierno para todos los solicitantes ya que debido a estas denuncias públicas “hay posibilidad de que grupos reaccionen y quieran callarnos”.
Dichos casos son los de Jacobo Universo López Piñón, Raúl Palacios Gonzalez, Hector Michell Lemus González, Ernesto Moranchel Zúñiga, Gerardo Agustín de Jesús Narváez, Gerardo Oliverio de Jesus Cortez, Emmanuel Tarritos Olivar, Ángel Cornejo Velázquez y Óscar Hernandez Neri.
