El Presidente y Morena, su partido, impulsaron la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para topar el sueldo de todos los funcionarios
Desde el 2006, Andrés Manuel López Obrador acusó a los 11 ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), a los magistrados de circuito y a los jueces de distrito de ser privilegiados y tener de los mejores sueldos del mundo. Y desde ese año aseguró que de llegar a la Presidencia recortaría sus sueldos.
La mayoría de Morena en el Congreso, partido que fundó López Obrador, impulsó la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para topar el sueldo de todos los funcionarios al salario actual del titular del Ejecutivo (108 mil pesos).
De acuerdo con una investigación de El Sol de México, los sueldos integrados al mes de los juzgadores son:
Ministro de la SCJN, 578 mil 186 pesos
Consejero de la Judicatura, 578 mil 186 pesos
Magistrado electoral, 578 mil 186 pesos
Juez de distrito, 340 mil pesos
La historia:
5 de noviembre: El Ejecutivo publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde se especifica que ningún servidor público recibe una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual será de 108 mil pesos.
26 de noviembre: En ejercicio de sus facultades constitucionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad para que fuese la Corte quien determine la constitucionalidad de la Ley de remuneraciones, bajo el argumento de que la regulación de remuneraciones de los servidores públicos debe garantizar el respeto y protección de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad.
5 de diciembre: Un grupo de 55 senadores de oposición tramitaron ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones diciendo que el Ejecutivo quiere situarse por encima de los otros poderes y no debe lesionar los derechos humanos ni laborales de las y los trabajadores.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Público. El ministro Alberto Pérez Dayán concedió en su acuerdo de admisión “la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”.
8 de diciembre: En Chiapas, López Obrador calificó como un error de la Suprema Corte se la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones hasta que revise su constitucionalidad y añadió que con “sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos de hasta 600 mil pesos mensuales, pues están dando un mal ejemplo, quienes deberían impartir justicia”.
10 de diciembre: De manera inédita más de mil 400 jueces y magistrados de la Asociación Nacional de Magistrados y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A. C.; rechazaron de manera pública la Ley Federal de Remuneraciones, y denunciaron una intentona del Senado para entrometerse en la autonomía del Poder Judicial de la federación..
11 de diciembre: Senadores de Morena encabezados por Ricardo Monreal presentaron a la Suprema Corte un recurso en donde acusan al ministro instructor Alberto Pérez Dayán, quien ordenó la suspensión de la norma, de cometer errores procedimentales y, con ello, poner en riesgo la economía nacional.
Unas horas después, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, uno de los cuatro aspirantes a presidir la Corte a partir de enero, pidió a los jueces y magistrados no caer en provocaciones: “ es necesario apelar a la sabiduría judicial que dicta responder a cualquier crítica con más y mejores sentencias, que ordena cordura para evitar caer en la tentación de hacer política con nuestros pronunciamientos, y que obliga a los juzgadores a ser prudentes”.
12 de diciembre: la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), interpuso un recurso de reclamación en contra de la suspensión de la Ley de Remuneraciones indica expresamente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada.
Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reunieron para tratar de buscar una solución al conflicto, donde se recalcó que serán los miembros del máximo poder judicial quienes fijen los salarios de los ministros.
Argumentos jurídicos
De acuerdo a los argumentos jurídicos que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia, la decisión del ministro Pérez-Dayán contradice lo que establece el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución que dice : “al admitir la acción de inconstitucionalidad no se dará lugar a que se suspenda la ley cuestionada”, por lo que considera que el ministro está yendo más más allá de lo que marca la Constitución.
Los artículos cuestionados son el 127 de la Constitución que señala que nadie puede ganar más que el Ejecutivo federal.
El artículo 94 constitucional que establece que no se pueden reducir las remuneraciones de ministros jueces y magistrados durante su encargo.
AMLO quiere al Instituto de Investigaciones Jurídicas como mediador
López Obrador aseguró que en el tema, el Pleno de la Corte es juez y parte por lo que pidió al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, intervenir y dar una opinión técnica.
En este escenario iniciará el debate del paquete económico el 15 de diciembre.
El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado anunció que éste se elaborará con base en las proyecciones del recorte salarial a la burocracia, que hoy está congelada.
La SCJN no tiene plazo perentorio para debatir el tema. Aunque el ministro presidente argumentó que por primera vez podrá haber un periodo extraordinario después del 15 de diciembre si así lo proponen los ministros instructores que proyectan el tema.
