Los países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU manifestaron su preocupación por las agresiones y asesinatos contra personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas y la falta de investigación y sanción a los perpetradores en México.
Así lo manifestaron este miércoles 7 de noviembre durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, para realizar el Examen Periódico Universal (EPU) de México, es decir, que los Estados de la ONU hicieran preguntas y observaciones sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.
En la sesión, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el canciller Miguel Ruiz Cabañas, reconoció que entre los desafíos está el fortalecimiento de la protección de personas defensoras y periodistas, la atención a la población migrante y la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.
En relación a las preguntas hechas por las comitivas de Suiza, Alemania, Reino Unido, Bélgica y España, sobre protección a personas defensoras y periodistas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (Segob), Rafael Avante Juárez, reconoció que aún continúa los homicidios de periodistas.
El funcionario aseguró que en este tema el reto es que más personas en riesgo tengan acceso al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mecanismo que desde 2012 ha operado con 767 millones de pesos y que hoy, dijo, continúa con recursos suficientes para trabajar.
También señaló que aunque han sido asesinados tres periodistas que tenían medidas de protección, el Mecanismo está en constante fortalecimiento, por ejemplo con el fortalecimiento del enfoque de género. Explicó además que la apuesta es la prevención, misma que se está realizando con un programa piloto en Chihuahua para atender las causas que propician los riesgos.
En contraste, desde septiembre, el Consejo Consultivo del Mecanismo denunció que de manera irresponsable, por segundo año consecutivo, el Gobierno Federal no había etiquetado el recurso necesario para garantizar la implementación de las medidas de protección. Contrario a ello, denunció, desde 2016 se tuvo un decremento presupuestal de casi 77 por ciento, al pasar de 279 millones 934 mil 171 pesos a 64 millones 230 mil 588.
Por otra parte las agrupaciones de la sociedad civil que estuvieron presentes en la revisión en Suiza emitieron un comunicado donde señalaron que las participaciones de los Estados que hicieron preguntas a la comitiva del Estado mexicano confirman la crisis de Derechos Humanos que persiste en todo el país.
Para las agrupaciones, en este EPU se reiteró la necesidad de atacar los altos niveles de violencia, corrupción e impunidad, por considerar que se trata de indicadores certeros y verificables en el cumplimiento de las responsabilidades respecto a los Derechos Humanos de un Estado.
En esta lógica, explicaron las agrupaciones, se reiteró la necesidad de una fiscalía que sirva y se retomaron muchas preocupaciones del colectivo #SeguridadSinGuerra, como la revisión de la Ley de Seguridad Interior.
También destacaron las recomendaciones de Dinamarca, Reino Unido, España, Países Bajos y Noruega, apoyando la necesidad de fortalecer esfuerzos nacionales e internacionales para combatir la impunidad.
Las agrupaciones señalaron que los representantes de los Estados sostuvieron diálogos en los meses anteriores con la sociedad civil, integrada en el #ColectivoEPUmx, con más de 245 organizaciones de la sociedad civil, quienes el 29 de marzo presentaron un informe conjunto ante el Consejo de Derechos Humanos.
Las organizaciones consideraron que durante la administración de Enrique Peña Nieto se constató la utilidad de este examen para aportar datos objetivos sobre el deterioro de la situación de los Derechos Humanos en México y convocaron al gobierno federal electo, a través de la Cancillería, a sostener un encuentro público, una vez emitidas las recomendaciones.
